El presente artículo aborda la incidencia de la violencia sexual hacia las adolescentes y niñas en 4 países del área centroamericana: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A partir de consulta bibliográfica y entrevistas realizadas con defensoras de derechos humanos hacemos un análisis de la situación actual de esta problemática e identificamos algunas acciones para seguir enfrentándola.
La OMS y las Naciones Unidas definen la violencia sexual como: “Una amplia gama de actos, incluidos el coito sexual intentado o forzado, contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o a una niña o niño a participar en un acto sexual sin su consentimiento, comentarios sexuales no deseados, abuso sexual de menores, mutilación genital, acoso sexual, iniciación sexual forzada, prostitución forzada, la trata con fines sexuales, entre otros” (Secretario General de la ONU, 2006, en:Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de datos secundarios. p. 58).
La violencia sexual no siempre se ejerce con fuerza física, muchas veces están presentes la intimidación, amenazas de daño y el chantaje; por eso cuando a las víctimas se les obliga a presentar pruebas de daño físico, perciben que su relato es desvalorizado y que incide en los resultados del proceso.
Efectos
La violencia sexual puede afectar la salud física y mental de las sobrevivientes. Se asocia con una gran cantidad de problemas de salud sexual y reproductiva. La prohibición total del aborto que se da en los cuatro países agrava la situación de las víctimas que resultan embarazadas a consecuencia de una violación, al impedir la interrupción del embarazo cualquiera que sea su edad o circunstancia (Amnistía Internacional, 2009).Encontramos numerosa bibliografía que señala la existencia de factores de riesgo, tanto para perpetradores como víctimas de violencia sexual, como son: haber sufrido o presenciado violencia en la infancia, tener actitudes rígidas en cuanto a los roles de género, vivir en contextos de marginalidad o exclusión o ser joven (Jewkes et al., 2006; Jewkes et al., 2002, Instituto Promundo, Instituto Noos, 2003).
La Legislación vigente en los países regula diferentes tipos penales
En los Códigos Penales y Leyes Especiales contra la violencia de los 4 países estudiados están tipificados los delitos de violación, estupro, explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago y trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción. Las penas van de 8 a 20 años en los casos de violación, considerándose agravantes la edad, cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. En el estupro, donde la principal condición es el engaño, las penas van de 4 a 10 años, agravado cuando es ejercido valiéndose de la superioridad originada por cualquier relación con la víctima.
En Honduras las últimas reformas redujeron las penas de la violación especial que tenía agravantes como el estado de gravidez o si la menor estaba bajo la custodia de la víctima. Lo mismo sucede con el estupro, aunque este tipo no se denuncia mucho por ser común que las chicas se junten con hombres más adultos, según nos dicen Ivania López y María, defensoras de derechos humanos.
Otros delitos contra niñas y adolescentes presentes en la legislación son: abuso sexual, incesto, exhibicionismo sexual y otras agresiones sexuales definidas de formas diferentes en dependencia del país. El acoso callejero también es una forma de violencia sexual que se equipara al hostigamiento sexual. La defensora de El Salvador, considera necesario incluir los nuevos tipos de violencia digital donde las víctimas son adolescentes y jóvenes que no saben cómo prevenir delitos que utilizan sus imágenes en sitios de pornografía infantil, por ejemplo.
Las dificultades para acceder a cifras institucionales limitan a su vez conocer el número de denuncias, cuántas de ellas llegan a sentencia firme, y cuántas víctimas logran justicia. En Guatemala, por ejemplo, el porcentaje de casos denunciado es inferior al 1% (CIDH, 2007). Clanci Rosa de El Salvador, sugiere contrastar los datos oficiales con los emitidos por los observatorios de las organizaciones de mujeres para conocer la verdadera dimensión de la problemática y quiénes son mayoritariamente las víctimas. Según el estudio citado sobre la Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe, los procedimientos jurídicos pueden afectar seriamente los derechos de las mujeres y niñas. Son complicados y a menudo requieren que las mujeres hagan largos y repetidos viajes para denunciar sus casos (Sagot, 2005). Se presentan dificultades al recabar las pruebas materiales, insuficiencia de medios técnicos y de recursos humanos para asegurar el dictamen forense en los momentos oportunos y de la forma más eficiente. La actitud revictimizante de algunos funcionarios, según la CIDH (2007), puede ser discriminatoria y hostil exhibiendo actitudes patriarcales inapropiadas con las sobrevivientes. Al hacer una denuncia, las víctimas sienten muy poca protección de parte del Estado frente a las represalias del agresor (máxime si es miembro de la familia) o de personas allegadas a éste pues carecen medidas eficaces para protegerlas (Velzeboer et al., 2003). Las defensoras consultadas corroboran que esta situación sigue sucediendo en la actualidad en sus países.
Alta impunidad, falta de reconocimiento y estigmatización
Todo lo anterior repercute en altos niveles de impunidad que es común en los 4 países. Las defensoras denuncian que el sistema no da seguridad a las víctimas, no persiguen a los delincuentes recibiendo así el mensaje de que pueden seguir violando y quedar libres. En Guatemala, Hescarleth Membreño nos dice que sólo el 5% llega a condena y muchos procesos son engavetados. Señalan también la ausencia de compromiso gubernamental sólido para hacer frente al problema de la violencia contra las mujeres reflejado en la falta de coordinación entre los entes involucrados y la escasa asignación de fondos para la aplicación de la leyes y prevención del delito.
La violencia sexual se oculta mucho, máxime si la víctima es una adolescente. Se estigmatiza a las víctimas de delitos sexuales, ellas son las que sufren vergüenza y culpa, pues todavía están muy arraigados en el imaginario cultural los mandatos machistas de ser vírgenes y comprometer la honra propia o de la familia. Por encima de sus derechos se prioriza la unidad familiar cuando los agresores son miembros de la familia condenando a las víctimas al silencio. Además, el temor a las represalias por parte del agresor hace que no quieran denunciar, algunas son amenazadas por otros familiares.
En los casos de estupro, la sociedad no critica de la misma manera a los hombres que convencen mediante engaños a las adolescentes para convertirlas en sus convivientes; muchas veces terminan en embarazos tempranos y relaciones violentas. Este delito está muy normalizado, pues la cultura de la violación otorga a los hombres posesión sobre los cuerpos de las mujeres y desde pequeñas se hipersexualiza a las niñas siendo una gran influencia los medio digitales y tradicionales de la información.
Lo que se ha hecho
A pesar de las deficiencias, en todos los países hay recursos a disposición de las víctimas de violencia sexual comenzando por mejoras en los marcos políticos y jurídicos, como la Ley Especial integral para una vida libre de violencia en El Salvador que reconoce la violencia sexual como un problema público, los juzgados especializados en Honduras o el Código Civil de Guatemala que incluye trata y explotación de personas junto a la cual se crea una Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata. En Nicaragua, la Ley Integral contra la violencia sumó el capítulo de delitos sexuales del Código Penal. Sin embargo, la existencia de estas leyes no es garantía; es necesaria una institucionalidad fuerte para que el funcionariado garantice su cumplimiento haciendo bien su trabajo, señala una de las entrevistadas.
Las organizaciones de mujeres realizan esfuerzos de prevención primaria dirigidos a cambiar comportamientos mediante campañas de sensibilización e información. Desarrollan procesos de formación y desarrollo de capacidades con funcionarios del sistema de justicia y de salud como en Nicaragua durante la etapa de las Comisarías de la mujer y la niñez, así como aún se realiza en países como Honduras donde las organizaciones han invertido no solo en capacitaciones sino en apoyar la logística de algunos servicios. Sin embargo, aún tienen muchas limitaciones y no se ve el impacto de estos esfuerzos.
Muchas organizaciones siguen brindando servicios de apoyo psicológico y legal a las víctimas, aunque ahora con más restricciones por el paulatino retiro de la cooperación internacional. Desarrollan estudios y observatorios que informan sobre estas problemáticas con el objetivo que el Estado pueda generar políticas para el ejercicio de nuestros derechos sexuales, así lo sugiere María, de Honduras.Una de las defensoras mencionó la denuncia pública en redes sociales y plataformas digitales como iniciativa de víctimas de violencia sexual ante la falta de acceso a la justicia y para prevenir que haya nuevas víctimas. “Yo te creo, te acompaño”; es una apuesta feminista y reivindicativa.
Lo que se puede hacer o continuar haciendo
Desde el Estado:
- Aplicar la legislación apegada al derecho y sin discriminación para un acceso real a la justicia. Las defensoras consultadas Clanci, María, Ivannia y Hescarleth opinan que para que las víctimas recuperen la confianza en el sistema de justicia se necesitan mayores esfuerzos
- Destinar fondos suficientes para investigar y perseguir el delito; capacitación y especialización de todo el personal de la ruta de acceso a la justicia con vistas a erradicar el sexismo, para que ofrezcan una buena orientación y representación a las víctimas que puedan tener participación activa e informada.
- Divulgar y crear programas de educación sobre sexualidad, violencia y derechos humanos dirigidos a todo el sistema educativo, que incluye primaria, secundaria, universidades, en particular en las carreras de abogacía, medicina y enfermería. También a todo el personal actual del sistema de salud, del poder local y en particular al funcionariado de la ruta de acceso a la justicia.
Desde la sociedad civil:
- Dar continuidad a las estrategias orientadas al cambio de imaginarios sociales, los procesos de empoderamiento con mujeres de todas las edades y los procesos terapéuticos y psicosociales para la sanación de las víctimas.
- Acompañar desde el momento de romper el silencio para que sean protagonistas de sus procesos.
- Capacitar a las adolescentes y jóvenes en el uso seguro de las plataformas virtuales para prevenir el riesgo de caer en redes de prostitución o explotación sexual.
- Prevenir la violencia sexual trabajando con un enfoque en derechos humanos y de género con hombres jóvenes y niños en la comunidad y las escuelas.
- Monitorear el cumplimiento de las leyes por parte del Estado y exigir su aplicación.
- Impulsar investigaciones sobre la problemática de la violencia sexual para conocer su impacto y las estrategias para su afrontamiento.
Desde la comunidad:
- No se puede ser neutral ante la violencia sexual. La comunidad debe tomar un rol activo en su erradicación para superar la normalización de prácticas que constituyen abuso sexual, y dejar de justificar la violencia alegando estados de ebriedad o de consumo de drogas.
- Rechazar y denunciar la utilización de las adolescentes y niñas en sitios de prostitución virtual o físico, así como la explotación sexual comercial.
- Empatizar con el dolor de las víctimas, creer en su palabra, sensibilizarse y no servir como testigos de los agresores.
- Centrar la atención en los agresores que son los verdaderos responsables de estos delitos, evitando buscar las causas de la violencia en el comportamiento de las víctimas.
- Hombres y mujeres podemos promover desde la casa nuevas maneras de relacionamiento donde la igualdad, el respeto y la colaboración reemplacen la violencia dando el ejemplo a las nuevas generaciones.
Bibliografía
Juan Manuel Contreras y otros, Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios. Marzo de 2010- Iniciativa de Investigación en Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés).
