La institucionalización de la crueldad
En Centroamérica, la legislación sobre el aborto varía de un país a otro. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro o cuando el embarazo es resultado de una violación, aún en mujeres menores de edad. Estas leyes impositivas han llevado a situaciones extremas en las que las mujeres se enfrentan a penas de cárcel por abortar, incluso en casos de aborto espontáneo o complicaciones del embarazo. Estas leyes se basan en una interpretación conservadora de los derechos reproductivos y alegan proteger el derecho a la vida desde la concepción en menoscabo del derecho a la vida de la madre.
En Guatemala, la legislación en torno al aborto es altamente restrictiva. El aborto se encuentra penalizado en todas las circunstancias en el código penal, incluso en casos de violación, incesto y cuando la vida de la mujer está en peligro. A pesar de esta legislación restrictiva, el sistema de salud en Guatemala tiene la obligación de garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación, según el Protocolo para la Atención Integral de las Víctimas de Violencia Sexual en el Ámbito de Salud, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se establecen los lineamientos para brindar atención y apoyo a las mujeres que han sufrido violencia sexual, incluyendo la opción de interrumpir el embarazo en casos de violación. (Ministerio de Salud Pública y asistencia social Guatemala 2019)
Sin embargo, la implementación efectiva de este protocolo enfrenta desafíos significativos. Existen barreras y obstáculos que dificultan el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación. Estas barreras incluyen la falta de conocimiento y capacitación del personal de salud sobre el protocolo, la objeción de conciencia que aducen algunos profesionales de la salud, la falta de servicios especializados y la estigmatización social.
“validar que la vida de una mujer corre riesgo pasa porque un médico lo valide, entonces hay muchas barreras de acceso porque los médicos pueden optar por no firmar” (Guatemala 2023)
En Costa Rica, la legislación en torno al aborto es restrictiva, aunque ha habido recientes avances en el marco legal. Hasta 2020, el aborto estaba penalizado en todos los casos, incluso en situaciones de violación e incesto, sin embargo, según el código penal establece ciertos requisitos de flexibilidad cuando la vida de la mujer está en riesgo (artículo 121 del código penal). Sin embargo, en diciembre de 2020, la Sala Constitucional emitió un fallo histórico que declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto en casos de violación y estableció que el legislador debe regular esta excepción. Actualmente, se está a la espera de que el Congreso de Costa Rica apruebe una nueva legislación que regule el aborto en casos de violación y así garantice los derechos de las mujeres en esta situación, a partir de los esfuerzos realizados por el movimiento de mujeres y feministas:
(…) “se logró que se aprobará una norma técnica, que es un decreto presidencial y del ministro de salud, esta Norma tiene diversas faltantes en la descripción de criterios técnicos- médicos, no obstante, permitió validar el acceso al aborto, adicionalmente hay un protocolo que tiene la caja del seguro social, que también tiene sus problemas, pero al menos eso se logró a partir del 2020. Sin embargo, era parte de las negociaciones en las últimas elecciones presidenciales derogar la Norma Técnica, que buscaba amparar el aborto, y se viene abajo ese reconocimiento”. (Arollo 2023)
Impacto de la criminalización del aborto en la vida de las mujeres
La criminalización del aborto en Centroamérica tiene graves consecuencias para la salud y los derechos de las mujeres. Las mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro y legal se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves e incluso la muerte. Además, la criminalización del aborto perpetúa la desigualdad y la discriminación, ya que afecta desproporcionadamente a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas en condiciones de pobreza o pertenecientes a comunidades marginadas.
“(…) Las mujeres que necesitan abortos para salvar sus vidas, para poder garantizar el derecho a la salud integral y esto lo podemos ver claramente con casos como el de Beatriz, su caso se va conocer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace diez años, (ella) pidió un aborto para salvar su vida porque tenía lupus, tuvo que poner un amparo ante la corte internacional, (…) tuvo que pasar 82 días hospitalizada” (Gross 2023)
El caso de Beatriz, ejemplifica la crueldad institucionalizada contra las mujeres, cuando el sistema está en pro de restringir el derecho a decidir de éstas en perjuicio de su autonomía, su salud y su vida misma.
La falta de acceso al aborto seguro y legal también se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos. Éstos incluyen el derecho a decidir si tener hijos, cuándo tenerlos y con qué frecuencia, así como el derecho a recibir atención integral en salud sexual y reproductiva. Al negar a las mujeres el acceso al aborto, se violan estos derechos fundamentales.
La investigación Del Hospital a la cárcel (2019), documenta la criminalización del aborto en Centroamérica y el impacto que ésta tiene en las mujeres que buscan interrumpir su embarazo. El informe incluye casos específicos de mujeres criminalizadas por aborto en El Salvador, Guatemala y Honduras, y destaca la necesidad de una reforma legal para garantizar los derechos reproductivos y la justicia reproductiva de las mujeres en la región. Detalla varios casos de mujeres que han sido condenadas por delitos relacionados con el aborto, incluyendo a mujeres que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones obstétricas. En El Salvador, por ejemplo, varias mujeres han sido condenadas por homicidio agravado después de sufrir complicaciones del embarazo. (Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador 2019)
En consecuencia, las mujeres que han sido procesadas y condenadas por delitos relacionados con el aborto a menudo enfrentan largas sentencias de prisión en condiciones precarias, pasando de ser judicializadas por aborto, a juzgadas y sentenciadas por homicidios agravados.
La restricción del aborto impide el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo y su vida reproductiva. La maternidad debe ser una elección personal y la criminalización del aborto niega a las mujeres esa capacidad de decidir sobre su propio futuro.
Además, la penalización del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres más vulnerables, en situaciones de pobreza, niñas, jóvenes, migrantes y aquellas que viven en áreas rurales. Estas mujeres enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud reproductiva, por ejemplo; métodos anticonceptivos, lo que aumenta el riesgo de enfrentar embarazos no deseados.
Las leyes prohibitivas también generan un ambiente de estigma social y discriminación hacia las mujeres que buscan abortar. Esto crea una narrativa social y un clima de miedo y silencio, donde las mujeres temen ser criminalizadas y estigmatizadas por buscar atención médica relacionada con el aborto. Como resultado, muchas mujeres optan por no buscar ayuda médica y recurren a métodos inseguros, lo que pone en riesgo su salud y su vida.
Despenalización del aborto, políticas integrales de educación sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad
Para alcanzar justicia reproductiva, (entendida como el derecho humano a mantener la autonomía corporal personal, tener hijos, no tener hijos y criar a nuestros hijos en comunidades seguras y sostenibles (Dodor 21), es ineludible que los gobiernos de Centroamérica revisen sus políticas y legislaciones para garantizar el acceso al aborto seguro y legal. Esto implica, entre otros, despenalizar el aborto en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación, incesto y malformaciones graves del feto. Asimismo, se deben implementar políticas integrales de educación sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
Es importante destacar que el acceso al aborto seguro y legal no implica que todas las mujeres deban inclinarse por esta opción. La decisión sobre el aborto debe ser personal y estar basada en la autonomía y la libre elección de cada mujer. La legalización del aborto busca brindar a las mujeres una opción segura cuando así lo requieran.
La penalización del aborto en Centroamérica ha resultado en una grave vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región. Estas leyes restrictivas han tenido consecuencias negativas para la garantía de la salud y el bienestar de las mujeres, limitando su autonomía, y negando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
En conclusión, en Centroamérica, el acceso al aborto seguro y legal es limitado o incluso inexistente en la mayoría de los países. Esto tiene graves consecuencias para la salud y los derechos de las mujeres, perpetuando la desigualdad y la discriminación. La promoción de la justicia reproductiva implica garantizar el acceso equitativo a los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro y legal, al menos en determinadas circunstancias. Solo a través de la implementación de políticas y legislaciones adecuadas se podrán proteger y respetar plenamente los derechos de las mujeres en Centroamérica.
