Mariela Bucardo y Jessica Pérez
En distintos momentos de la historia, la esterilización forzada se ha planteado como solución a problemáticas sociales como la pobreza y como un mecanismo de control poblacional, principalmente de mujeres indígenas, negras, judías, discapacitadas, transexuales, y otros grupos de mujeres en situación de exclusión o marginalidad.
Las mujeres con VIH, y que pertenecen a alguna etnia, no han sido la excepción en esta lógica de un sistema que las considera “no aptas” para tener hijos por el bien de ellas y de la sociedad. De acuerdo con ONUSIDA, a lo largo de los años se han dado muchos casos de esterilizaciones forzadas y de abortos coercitivos; siendo una clara transgresión a la autonomía reproductiva y de los derechos humanos de las mujeres.
Estigma y silencio
Este tipo de prácticas médicas inescrupulosas perviven y es difícil rastrear la dimensión del problema, porque el sistema de salud lo encubre, poco se investiga desde la academia y otras instituciones que generan conocimientos y, las sobrevivientes mismas, no siempre están listas para hablar por el temor a represalias y al rechazo social.
El silencio que acompaña esta problemática sirve indirectamente para evitar poner en evidencia la violencia institucional incluyendo la violencia obstétrica, el abuso de los conocimientos médicos, y la falta a la ética médica; además de que el personal médico sigue reproduciendo los prejuicios, estigma y rechazo que ya viven las mujeres en la comunidad y en la familia.
Esterilización forzada de mujeres adolescentes garífunas con VIH, violencia institucional impune
El estigma expresado en violencia institucional se vio reflejado en una investigación realizada en el 2021 por la organización CEPROSAF en Honduras en los municipios de Tocoa, Tela y La Ceiba. Se encontró que de un grupo de veinte mujeres con VIH que participaron en el estudio, seis de ellas expresaron haber sido esterilizadas en el sistema de salud público, después de haber manifestado explícitamente su desacuerdo con realizarse esta intervención quirúrgica.
Esta cifra de seis mujeres es alarmante considerando que es un número bastante alto en una población tan reducida. Y más preocupante aún, el hecho de encontrar patrones comunes en todos los casos, considerando que las seis mujeres son adolescentes y jóvenes garífunas y mestizas, procedentes de aldeas rurales en extrema pobreza. En los relatos recogidos, las jóvenes recuerdan que estos hechos sucedieron entre el año 2006-2020, cuando la mitad de ellas eran menores de edad y, las otras tenían entre 18 y 22 años. Actualmente tienen entre 20 y 31 años de edad.
Coerción, engaño y prejuicios
Estas posibles esterilizaciones se dieron cuando las víctimas asistieron al hospital porque tenían programada su cesárea o porque presentaron problemas médicos con el embarazo y requirieron adelantar su cesárea. Mientras permanecieron en el hospital, antes del parto o la cesárea, la mitad de ellas estuvieron solas y las que estuvieron acompañadas estaban con su mamá o abuela.
Durante los controles prenatales, los médicos les insistieron que debían esterilizarse, a lo que las adolescentes respondieron con un rotundo no porque eran muy jóvenes y no sabían si más adelante iban a desear otro hijo o hija. La reacción de los médicos ante su negativa fue juzgarlas y culpabilizarlas por los riesgos de trasmisión vertical “usted no tiene corazón, para qué quiere volver a traer hijos al mundo enfermos” y cuestionar su decisión de haberse embarazado, “que me aguantara, que quien me mandaba a tener relaciones sexuales”. Otra forma de presión y hostigamiento fue persuadirlas diciéndoles que con un hijo/a era suficiente o que era obligatorio esterilizarlas por los riesgos de trasmisión.
Luego, el día de la cesárea, les volvieron a insistir que debían operarse y ellas respondieron nuevamente que no, argumentando sus mismas razones, pero una vez que inició el proceso de preparación para la cesárea la mayoría recuerda que, estando en el quirófano bajo los efectos de la anestesia, les pusieron a firmar un documento que ellas no alcanzaron a leer y hasta el momento desconocen cuál era su contenido: “cuando estaba en el quirófano a punto de quedarme dormida, después que me pusieron la anestesia, me llevaron el documento, pero ellos sabían que yo había dicho que no quería operarme” (Relato de una joven de Tocoa en el Hospital de Roatán).
En uno de los casos de Tela fue la abuela de la adolescente quien firmó el consentimiento, ya que la señora les pidió directamente a los médicos que operaran a la adolescente. La percepción por falta de conocimiento de algunos familiares en estos casos es que las jóvenes no deberían ser madres, aunque médicamente no haya ninguna contraindicación, ya que todas ellas estaban tomando medicamentos en el momento de sus embarazos.
Después de la cesárea, a las adolescentes, el personal médico las ignoraba, sólo se dirigían a sus familiares y otras de ellas fueron aisladas de donde estaban las mujeres recién paridas, es decir, las enviaron a cuartos donde no estaban con otras pacientes ni con su familia.
Al salir del hospital, todas tenían altas sospechas de haber sido esterilizadas; por lo que ahí había sucedido, algunas de ellas tienen más de dos años de estar intentando quedar embarazadas y no lo han logrado. Otras de ellas no utilizan ningún método anticonceptivo porque saben que probablemente no podrían quedar embarazadas.
La decisión propia es un derecho humano de las mujeres que hay que respetar
Después de varios años de lo sucedido, una de las jóvenes fue en búsqueda de información al hospital donde sospecha que la esterilizaron, y ahí le confirmaron que sí había sido sometida a esterilización y dentro del expediente médico contaba la autorización de su madre. A otra de ellas fue su abuela quien le confirmó que sí la habían esterilizado, pero nadie del personal de salud le informó sobre el procedimiento realizado. Y en otros dos casos, no sólo les niegan los hechos; sino que ocultan información al no permitirles tener acceso al expediente médico y, hasta las han señalado de mentirosas o que están arrepentidas de haber dado la autorización de esterilizarse.
Estas adolescentes y jóvenes, sin ningún apoyo, se resistieron al procedimiento médico desde el primer momento diciendo que no querían esterilizarse y hablando sobre lo que les pasó muchos años después para evitar que otras mujeres vivan lo mismo. Y no sólo se resistieron porque algunas de ellas sí se planteaban la posibilidad de tener otro embarazo, sino porque querían tener esa posibilidad de decidirlo en el futuro.
A pesar de sus resistencias, después de lo que pasaron se vieron afectadas psicológicamente porque el trauma derivado de estas experiencias afecta el cómo se ven y se conciben a sí mismas, sumado a la carga emocional que supone el no sentirse aptas para ser madres según el sistema de salud y algunos familiares.
Los relatos registrados, y otros casos documentados posteriormente, sugieren que todavía siguen presentándose en la zona norte del Atlántico en Honduras casos de violencia obstétrica, propios de la esterilización forzada donde el personal médico selecciona a mujeres adolescentes o jóvenes con VIH y otras características, como ser pobres y procedentes de comunidades aisladas, para esterilizarlas quirúrgicamente sin su consentimiento, actuando en estos casos con base en prejuicios y creencias, y no en la evidencia científica sobre la prevención de la transmisión del VIH, que indica que los riesgos de trasmisión vertical bajo tratamiento y seguimiento médico se disminuyen considerablemente.
El protocolo para la atención de salud sexual y reproductiva, herramienta urgente para prevenir y la responsabilidad de los estados
El personal médico involucrado en esta práctica médica tiene como propósito controlar la capacidad reproductiva de las jóvenes con la esterilización forzada, por eso siguen ciertos patrones que indican que, aunque no es un procedimiento legal ni autorizado por la Secretaría de Salud es una práctica médica premeditada que se da, varias veces en alianza con familiares de las jóvenes.
Considerando que no se puede abolir esta práctica de tortura, como la ha clasificado Naciones Unidas, si los acuerdos y recomendaciones internacionales no se cumplen en el sistema de salud hondureño, es urgente contar con un manual o protocolo para la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que viven con VIH y VIH avanzado (Sida),
Queda pendiente que el Estado como garante de derechos humanos de las personas con VIH, no sólo dé una respuesta a los casos planteados, sino también garantías de no repetición. El sistema de salud puede y debe asegurar el respeto a las decisiones que tomen las mujeres respecto a la maternidad y asegurar que cuentan con toda la información suficiente para tomar esas decisiones. Y no decidir por ellas.
