Por Reiny Ponce
La Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo se realizó en Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de agosto, y reunió a los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), representantes de gobiernos, Naciones Unidas, sociedad civil, academia y el sector privado.
Su historia tiene más de una década y está ligada a las luchas feministas, de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes y con discapacidad que durante años han exigido que las políticas públicas hablen de derechos y no solamente de cifras.
El Consenso de Montevideo puso sobre la mesa algo que para los feminismos resulta fundamental: las personas no pueden ser reducidas a estadísticas demográficas. Hablar de población también significa hablar de autonomía, desigualdad, género, salud sexual y reproductiva, juventudes, migración, envejecimiento, pueblos indígenas, población afrodescendiente y derechos humanos. El Consenso incorporó además una perspectiva de género, intercultural e interseccional.
Este año nuevamente la Sexta Reunión se realizó en Montevideo y tuvo algo simbólico: regresar al lugar donde nació el Consenso. Pero también tiene una responsabilidad política: preguntar qué tanto ha avanzado después de trece años.
Para Edith Elizondo de Asociación de Mujeres Ixchel de El Salvador, es importante que la sociedad civil participe para poder ser un ente contralor de los Estados.
“Para las organizaciones feministas uno de los elementos más importantes de esta Conferencia fue que se siguió visibilizando el tema de género y puso énfasis en las mujeres, niñas y adolescentes, se visibilizó las brechas de desigualdad. Otro de los elementos fue ver los compromisos que están asumiendo los Estados en materia de derechos humanos para las mujeres y ver como quedan en evidencia todavía hay países que se presentan en estas conferencia como muy avanzados en materia de derechos pero al final no hay un compromiso real por garantizarlos”.
Lo que hoy aparece escrito en estos documentos no llegó solo a las mesas de negociación. Es resultado de décadas de organización, resistencia y presión de los movimientos feministas y sociales que han insistido en que los cuerpos, las vidas y las decisiones son también asuntos de derechos humanos y de justicia social.
Paralelamente a este encuentro, en las calles de Montevideo se realizaban huelgas de trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, quienes denunciaron complicaciones a nivel sanitario y demandaron el pago de salarios. “Se podría decir que es una emergencia para personas en situación de calle. Según datos oficiales hay 7 mil personas en situación de calle, sobre una población de 3 millones”, dijo un miembro del sindicato de trabajadores.
El tema de salud es uno de los componentes del Consenso de Montevideo y el cual también es preocupante para los países de Centroamérica.
Norma Carias Montiel, directora CEPROSAF, Honduras, manifiesta que es difícil medir los avances porque los gobiernos no brindan información respecto a temas como los derechos sexuales y reproductivos.
“En el caso de mi país que es Honduras, la ministra de la Secretaría de Desarrollo Social manifestó que hay un 85% de abastecimiento en la Secretaría de Salud, cuando sabemos que existe un total desabastecimiento de métodos anticonceptivos y no se está cumpliendo con el componente del Consenso de Montevideo que habla sobre acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Causa indignación escuchar que soliciten apoyo de la cooperación internacional para implementar programas que le competen al Estado”.
En esta Sexta Reunión, los gobiernos dieron cuenta de sus avances nacionales, retos, buenas prácticas y prioridades actuales en la implementación del Consenso de Montevideo. Y ahí es donde el discurso se encuentra con la realidad. El verdadero desafío para los próximos años será dejar de celebrar únicamente que los derechos sean reconocidos y empezar a celebrar que sean garantizados y ejercidos.