Honduras siempre ha atravesado crisis profundas en materia de Derechos Humanos, y quienes siempre salen perjudicadas en estas crisis son, sin duda, las mujeres. Han sido las hondureñas quienes han vivido en carne propia las múltiples crisis económicas, políticas y sociales del país, y son ellas también quienes han ayudado a sobrevivir a cada una de estas crisis, ya sea asumiendo los trabajos necesarios para la vida, o levantando trincheras de lucha para cambiar la norma social que coloca a las mujeres como ciudadanas de segunda relegadas a la vida privada.
Resultaría difícil enumerar los flagelos que las hondureñas han sufrido los últimos 12 años; uno de los más comunes, claro está, ha sido el femicidio. Según datos brindados por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras se encuentra entre los cinco países con la tasa de femicidios más alta de la región; entre 2009 y 2021 se estima que al menos 5764 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
A lo anterior le agregamos que Honduras tiene décadas de enfrentar limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a pesar de que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a servicios de salud, incluida la salud sexual/reproductiva y la anticoncepción segura y de calidad. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, implica que «los productos, suministros y equipos para fines anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de urgencia, sean integrados en la cadena de suministro de medicamentos esenciales para aumentar su disponibilidad».
¿Qué pasa entonces cuando una hondureña corre el riesgo de un embarazo no deseado producto de una agresión sexual? Hasta hace algunos meses esta hondureña se encontraba a la intemperie al no contar con un mecanismo que brindara una respuesta integral a víctimas de violencia sexual, hasta que hace unas semanas la Secretaría de Salud aprobó el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, y además, mediante Acuerdo No. 14874-2022, reforma el acuerdo ministerial N°2744 del 21 de octubre del año 2009, el cual prohibía la promoción, el uso, venta y compra relacionada con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia. Sin embargo, miles de mujeres que no llegan a denunciar una agresión sexual, o a las que el método anticonceptivo les falla, o aquellas que tuvieron relaciones sexuales sin protección estaban en condiciones desfavorables al no ser consideradas para acceder a la PAE, hasta el 8 de marzo de 2023.
Anticoncepción de emergencia y educación sexual integral: la lucha y victoria de la marea verde en Honduras.
Por 13 años, la negativa de la anticoncepción de emergencia en Honduras fue una consecuencia de elementos políticos y fundamentalismos religiosos relacionados a la ola conservadora anti derechos que arremetió en Honduras a partir de 2009, con el Golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales. A partir de esa fecha inician doce años de regresiones en materia de derechos humanos, exilios, asesinatos, desapariciones forzosas, entre otras. Sin duda uno de los retrocesos más grandes que a la fecha sigue mostrando cifras devastadoras para la salud y vida de las mujeres, fue la prohibición de la distribución, uso y venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, mediante acuerdo ministerial 2744-2009 en octubre de 2009, que incluía la distribución pagada o gratuita y la comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición, por considerar que dicho método “atenta” contra la vida de las mujeres y la concepción.
La prohibición de la anticoncepción de emergencia fue el inicio de una arremetida contra los derechos y la salud de las mujeres hondureñas, liderada por las fuerzas que usurparon el poder en Honduras y los grupos fundamentalistas religiosos, que provocó una ruptura en el estado de derecho y un aura de negatividad y oposición a todo lo relacionado a la sexualidad integral. Las mujeres hondureñas atravesaron años difíciles y han exigido el cumplimiento de sus derechos en todos los espacios posibles.
Según la Organización Mundial de la Salud, la anticoncepción de emergencia es capaz de prevenir hasta el 95 por ciento de los embarazos cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual, este anticonceptivo de emergencia tiene como principal mecanismo de acción impedir o retrasar la ovulación. Hoy en día no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que la anticoncepción de emergencia interfiera con la implantación del óvulo, una vez este haya sido fecundado. A pesar de estas evidencias brindadas por instituciones como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado de Honduras se resistía a la aprobación y libre distribución de la anticoncepción de emergencia.
El 06 de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de Honduras socializa el Protocolo de Atención Integral para Víctimas Sobrevivientes de Violencia, que, para sorpresa de muchos, incluye anticoncepción de emergencia. Este acto despierta reacciones diversas: por un lado, el movimiento de mujeres quien interpela a la presidenta y la Secretaría de Salud al aprobar PAE única y exclusivamente para víctimas de violencia sexual, mientras que para los grupos más conservadores de la sociedad, el solo hecho de la inclusión de la PAE en el protocolo representa un atentando a los valores y a la mora de la sociedad hondureña. Y es que se deben mencionar las cosas por su nombre: la aprobación de la anticoncepción de emergencia exclusivamente para víctimas de violencia sexual resultaba violatoria de los derechos de las mujeres.
Si bien la aprobación de este protocolo con PAE buscaba solventar los vacíos en el sistema de salud hondureño dejados por la negativa total de la anticoncepción de emergencia, que, a falta del protocolo, traían consigo graves consecuencias en la vida de las mujeres, como ser forzadas a ser madres producto de una agresión sexual, éste no resultaba ser suficiente ya que limitaba el acceso a la anticoncepción de emergencia a aquellas mujeres y sujetas gestantes que por otras razones necesiten acceder a la anticoncepción de emergencia.
Esta situación puso sobre la mesa dos grandes conflictos: condicionar el uso de anticoncepción de emergencia era violentar el derecho de las mujeres de acceder a servicios integrales de salud, además de dejar un mensaje negativo que dicta que las mujeres sólo merecen acceso a servicios de salud luego de ser violentadas, y, que esta condicionante respondía únicamente a posicionamiento religiosos conservadores donde la salud sexual y reproductiva no es siquiera aceptada.
El 8 de marzo de 2023 la marea verde dejó sentir su presencia en Honduras. En las redes sociales, en las calles, en los medios de comunicación aparecían pañuelos verdes y consignas alusivas a la conmemoración de ese día; las demandas del movimiento de mujeres se escuchaban por todos lados. La exigencia de PAE libre para todas las mujeres hondureñas era una de las peticiones del movimiento de mujeres de Honduras. Para ese día, se desarrollaron movilizaciones, foros de opinión, campañas comunicacionales, entre otras múltiples actividades. No fue sino hasta las 8:00 p.m. que en las cuentas oficiales del gobierno de Honduras aparece uno de los mensajes más esperados “Hoy, #8M conmemoramos lucha histórica de la mujer, firmando con secretario @DrMatheu144 el Acuerdo Ejecutivo para libre uso y comercialización de la PAE. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva”, escribió la presidenta en su cuenta oficial de Twitter. El mensaje iba acompañado de una fotografía donde se muestra a una Xiomara Castro muy sonriente mientras el ministro de salud, José Manuel Matheu, firmaba el acuerdo ejecutivo para el libre uso y comercialización de la PAE.
La noticia fue motivo de celebración nacional, y es que, en trece años, la aprobación del libre uso y comercialización de la PAE en Honduras fue la primera medida para asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva a las mujeres. Diversas Organizaciones internacionales de Derechos Humanos catalogaron como un avance hacia el aseguramiento pleno de derechos humanos y en el acceso a salud sexual y reproductiva para las mujeres en Honduras la aprobación de la PAE. Sin embargo, no todas las opiniones provocadas fueron positivas, los grupos más conservadores de la sociedad que por años se habían manifestado desde las sombras, dieron al fin la cara para demostrar su descontento por la aprobación de la PAE; desde grupos religiosos hasta sectores conservadores de derecha han arremetido mediáticamente contra la decisión de la Presidenta, esto a pesar de que el Sistema de la ONU ha señalado que “la revisión cuidadosa de la evidencia, muestra que las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia son seguras, no causan aborto ni dañan la fertilidad futura, pues éstas impiden el embarazo al evitar o retrasar la ovulación y no pueden provocar un aborto”.
La plataforma “Hablemos lo que es”, espacio que forma parte del Grupo Estratégico por la Liberación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GEPAE), manifestó el respaldo total a la presidenta por la liberación de la PAE, además de aplaudir esta decisión, recalcando que por fin Honduras dejaba de ser el único país de Latinoamérica que prohibía la anticoncepción de emergencia.
Además, la liberación de la PAE no fue la única noticia que se viralizó el 8 de marzo, y es que ese mismo día, el poder legislativo representado por el Congreso Nacional aprueba la Ley de Educación Integral para la Prevención de Embarazos en Adolescentes en Honduras, ley que busca promover la educación integral para la sexualidad como el primer paso para la sensibilización, información y educación de la niñez y adolescencia en torno al cuidado y desarrollo social, a través de la toma de decisiones oportunas.
Falta mucho para lograr la plenitud de derechos de las mujeres, no solo en Honduras, también en Centroamérica, y esto es lo que llama al movimiento de mujeres en Honduras a seguir vigilantes y continuar avanzando en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos entre sociedad civil y Estado.
Al final del día, si Honduras avanza, es porque el movimiento de mujeres no descansa.
