En comunidades rurales del norte de Costa Rica, mujeres nicaragüenses trabajan la tierra, sostienen hogares y construyen redes comunitarias. Sus historias muestran cómo el género, la migración, la edad y el territorio atraviesan las posibilidades de convertir décadas de trabajo en ingresos estables, protección social y capacidad de decidir sobre el propio futuro.
Miradas Moradas y La Sala, Mujeres en la Redacción
En Upala, un cantón de la provincia de Alajuela, en el norte de Costa Rica y junto a la frontera con Nicaragua, muchas mujeres han construido su vida entre la tierra, la casa y la comunidad.
Llegaron desde Nicaragua en distintos momentos y por diferentes razones. Algunas llevan casi medio siglo en Costa Rica. Aquí sembraron para alimentarse y vender, transformaron alimentos, se organizaron con otras mujeres y buscaron oportunidades para sostener a sus familias.
Pero el trabajo no termina en la parcela. A la siembra, la cosecha y la comercialización se suman las horas destinadas a cocinar, limpiar, criar y cuidar. También el tiempo invertido en reuniones, capacitaciones, asociaciones y gestiones ante instituciones. Son trabajos que ocurren dentro de una misma vida, aunque no todos produzcan ingresos ni reciban el mismo reconocimiento.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica esa distribución diferenciada de responsabilidades productivas y reproductivas como parte de la división sexual del trabajo, una estructura que condiciona las oportunidades de las mujeres para alcanzar la autonomía económica.
Las desigualdades no son iguales ni responden a una sola causa. La condición migratoria, la edad, los recursos económicos, el estado de salud y el acceso a la tierra donde viven condicionan las oportunidades de cada mujer. En las zonas rurales, la dependencia de intermediarios, la falta de mercados y la carga del trabajo de cuidados limitan aún más su autonomía económica. Esta mirada interseccional permite comprender por qué cada mujer enfrenta obstáculos distintos.
Las historias de Rosita, Andrea, Cristobalina y Uvania permiten mirar esa realidad desde distintos momentos de la vida. No para presentarlas como mujeres capaces de soportarlo todo, sino para preguntarnos qué condiciones hacen falta para que producir, cuidar y aportar durante décadas también permita vivir con autonomía y derechos.
El trabajo que no termina
Antes de las cinco de la mañana, Rosa Esmeralda Ortiz Aguirre, conocida como doña Rosita, ya está despierta. Prepara café y sale a revisar los frijoles. Tiene 72 años y todavía limpia la maleza, siembra y atiende la parcela que trabaja junto a una de sus hijas en La Victoria, una comunidad rural del cantón de Upala.
Rosita nació en la isla de Ometepe, Nicaragua. Migró a Costa Rica hace 36 años buscando mejores oportunidades económicas. Primero trabajó cultivando naranja en Grecia y después se estableció en La Victoria, donde asumió principalmente la crianza y el sostenimiento cotidiano de sus ocho hijas e hijos.
“Yo siempre he trabajado y siempre he vivido trabajando”, cuenta. La frase resume una trayectoria en la que el trabajo productivo y el doméstico pocas veces estuvieron separados.
Con los años, Rosita logró tener su propia vivienda en La Victoria, aunque para cultivar utiliza una parcela que le prestan sin cobrarle alquiler. Es ella quien decide qué sembrar junto a su hija. Realizan dos cosechas de frijoles al año y en cada una obtienen entre cinco y seis quintales. Reservan dos para el consumo familiar y venden el resto. Según sus cálculos, destinan alrededor de 100.000 colones (unos $216) por cosecha a las labores agrícolas, sin contabilizar el valor de las horas que ambas dedican a preparar la tierra, sembrar, limpiar y recoger.
“Mi cosecha es para no comprar mis frijoles. Yo los siembro”. La agricultura tiene así un doble valor: garantiza parte de la alimentación y permite obtener algún ingreso. Pero el dinero llega por temporadas; las necesidades del hogar, todos los días.
Desde hace aproximadamente una década, Rosita recibe, según su relato, una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo trámite realizó con acompañamiento del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Este régimen brinda protección económica a personas que cumplen determinados requisitos de vulnerabilidad socioeconómica, sin necesidad de haber cotizado previamente. Rosita recibe poco más de 80.000 colones mensuales, un monto insuficiente para cubrir todas sus necesidades.
Después de décadas de trabajo, llegar a la vejez no ha significado tener garantizado el descanso. Rosita reconoce además otro tipo de labor que realizó durante años sin recibir pago. “Somos unas empleadas sin sueldo”, dice cuando habla de cocinar, lavar, criar y cuidar. La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de Costa Rica reconoce precisamente la distribución del tiempo y la corresponsabilidad de los cuidados como asuntos vinculados con la autonomía económica de las mujeres.
Su vida, sin embargo, no transcurre únicamente entre la parcela y la casa. Rosita también es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de La Victoria (ASOMEV), integrada por alrededor de diez mujeres que buscan fortalecer sus capacidades y acompañar a otras en la comunidad.
Desde la asociación participa en procesos de formación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres, derechos de las personas migrantes y autonomía económica. Estos conocimientos le han permitido orientar a mujeres sobrevivientes de violencia sobre las rutas de atención y las instituciones a las que pueden acudir, incluyendo las opciones para interponer una denuncia.
La asociación también promueve espacios de aprendizaje colectivo, donde las mujeres comparten conocimientos sobre bordado, tejido, preparación y venta de alimentos, y otras iniciativas que pueden contribuir a generar ingresos. A través de vínculos con organizaciones e instituciones, buscan acercar información y oportunidades de formación a otras mujeres de La Victoria.
Estas redes no sustituyen las responsabilidades de las instituciones públicas, pero pueden facilitar que la información llegue a mujeres que, por distintas circunstancias, encuentran barreras para acceder a ella. La participación de Rosita muestra cómo el liderazgo de las mujeres migrantes también contribuye a construir espacios de acompañamiento, aprendizaje y ejercicio de derechos en sus comunidades.
“Lo que nosotros sabemos, que ellas lo aprendan, y lo que ellas saben también nosotros vamos a aprender”, menciona. Para Rosita, participar en la asociación significa mucho más que mantenerse ocupada. Compartir lo aprendido, sentirse útil y contribuir al bienestar de otras mujeres le proporciona alegría y motivación. También piensa en la comunidad donde vive su hija y donde crecerán sus nietos: un lugar en el que desea que las mujeres tengan más información, oportunidades y posibilidades de decidir sobre sus vidas.
A sus 72 años, Rosita continúa trabajando la tierra y participando en la organización comunitaria. Su historia muestra que la integración también se construye desde esos vínculos cotidianos, pero deja una pregunta difícil de evitar: ¿qué ocurre cuando el cuerpo ya no permite seguir trabajando y décadas de esfuerzo no se han convertido en suficiente seguridad económica para la vejez?
Cuando producir no garantiza ingresos
Andrea Chavala Aguirre está sentada en una mecedora en su casa de Valle Bonito. Lleva una blusa naranja, lentes y el cabello canoso recogido. Cerca están su esposo, Eriberto Martínez Bello, sus hijas y sus nietos.
Durante décadas cultivó frijoles, maíz y hortalizas. “Viera yo cómo trabajé como loca, como loca, porque a mí sí me gustaba trabajar”, recuerda. Después de sufrir un derrame cerebral, buena parte de la fuerza que utilizaba para hacerlo ya no está. Hace una pausa. “Hoy solo me queda decir “Ahora no puedo»”, suspira.
Andrea nació en Chontales, Nicaragua, y migró a Costa Rica con su familia en 1994. En 2005 se establecieron en Valle Bonito. Allí cultivó para alimentar a sus hijos mientras Eriberto trabajaba como albañil y pasaba temporadas fuera de la comunidad.
La tierra fue primero una forma de garantizar comida. Después se convirtió también en una posibilidad de generar ingresos. Andrea se integró a la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Agropecuario (Asomudagro), donde, junto a otras mujeres, participó en procesos de organización comunitaria, formación y gestión de proyectos productivos.
Su trabajo colectivo trascendió las parcelas. Según relataron Andrea y su familia, las gestiones de Asomudagro contribuyeron a la llegada del agua y la electricidad a Valle Bonito, dos servicios fundamentales para la vida cotidiana de la comunidad.
Asomudagro llegó a reunir hasta diez mujeres y actualmente mantiene alrededor de seis integrantes activas. Sus esfuerzos se concentran en cultivar, transformar productos y encontrar espacios de comercialización, principalmente dentro de la comunidad y en ferias a las que son invitadas.
Pero saber producir no significó necesariamente poder vender. Durante un tiempo cultivaron chile y pimienta para una empresa que compraba regularmente su producción. Cuando esa relación terminó, probaron con hortalizas orgánicas. Prepararon abonos, sembraron y cuidaron los cultivos.
La cosecha llegó. El mercado no. “Y la cosa es que llegaban a producirse las cosas y nunca, nunca hubo un mercado abierto”, cuenta Andrea. Parte de las hortalizas terminó pudriéndose.
Después apareció otra posibilidad: el abacá, una planta de la que se extrae una fibra utilizada industrialmente. Fátima Martínez Chavala, hija de Andrea y entonces presidenta de Asomudagro, hizo contacto con una empresa interesada en comprar esa producción. Las mujeres comenzaron a cultivar con la expectativa de contar con un comprador.
Asomudagro recibió acompañamiento del Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), en sus procesos productivos. Durante ese recorrido, las mujeres gestionaron una máquina desfibradora para procesar el abacá. “Viera cómo peleábamos esa máquina desfibradora”, recuerda Andrea.
La maquinaria llegó, pero el mercado previsto desapareció. Fátima Martínez Chavala relata que la empresa les comunicó que había cerrado sus operaciones tras declararse en quiebra. Desde entonces, la desfibradora permanece sin utilizarse en Valle Bonito, mientras las mujeres buscan nuevos compradores.
La experiencia muestra un límite que el esfuerzo individual no puede resolver: contar con conocimientos, organización y maquinaria no basta si al final no existe un mercado donde colocar la producción.
Para Andrea, esa incertidumbre adquirió otra dimensión cuando cambió su salud. Después de décadas dedicadas a la agricultura, el trabajo doméstico y la organización comunitaria, el derrame cerebral redujo su capacidad para realizar las labores que antes ocupaban buena parte de sus jornadas. Actualmente cuenta con seguro médico como beneficiaria de su esposo y realiza gestiones, con acompañamiento del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para acceder a una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)..
Su experiencia recuerda que trabajar durante décadas no garantiza necesariamente una jubilación contributiva. Buena parte de sus aportes ocurrieron en la agricultura familiar, la crianza, los cuidados y la organización comunitaria: trabajos que sostienen la economía y la vida de las familias, pero que no siempre se traducen en protección económica durante la vejez.
Mientras tanto, Fátima intenta aprovechar lo que todavía producen y saben hacer. Con jengibre, cúrcuma y pimienta comenzó a elaborar condimentos. Andrea aporta materia prima y conocimientos acumulados durante años trabajando la tierra. Fátima procesa los productos y busca espacios para venderlos.
El emprendimiento todavía es pequeño. La licuadora doméstica que utilizaban se dañó. Cuando se le pregunta qué necesita para continuar, Fátima responde: “Un molino que no se me vaya a dañar”.
En Valle Bonito, las mujeres continúan cultivando, procesando alimentos y buscando compradores. Andrea ya no puede trabajar como antes, pero sus conocimientos siguen presentes en las iniciativas familiares y en la historia de una asociación que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Su experiencia evidencia que la organización colectiva puede abrir oportunidades, aunque convertirlas en ingresos sostenibles y protección económica sigue siendo un desafío.
Donde el maíz guarda la memoria
En casa de Cristobalina del Carmen Vega González nos reciben con tortillas, cuajada y café. Ella y sus hijas prepararon los alimentos para la visita. Son también parte de lo que saben hacer para obtener ingresos. Cristobalina tiene 73 años. Nació en Carazo, Nicaragua, y llegó a Costa Rica en 1977. Su hija mayor, Emilce Selva González, tenía apenas siete meses cuando migró junto a ella.
El maíz ha acompañado a la familia desde entonces. Aunque Cristobalina tiene vivienda propia, las tierras donde cultivan son alquiladas. Allí producen maíz, frijoles, trigo y especias, aunque el primero es la base de buena parte de su producción alimentaria. Cristobalina enseñó a sus hijas a preparar tortillas, atol y otros alimentos derivados del maíz. Hoy ellas mantienen esos conocimientos y elaboran productos que comercializan dentro y fuera de la comunidad, así como en ferias.
“Ha sido parte y base de los alimentos que nosotros procesamos”, explica Emilce. Aquí, el conocimiento también es patrimonio. Está en saber sembrar y cosechar, reconocer cuándo el grano está listo, desgranar, moler y transformar el maíz en alimentos que otras personas quieren comprar. Es un saber transmitido entre generaciones de mujeres que hoy también contribuye a sostener la economía familiar.
Cristobalina ya no puede caminar hasta el campo. Cuando tiene fuerzas ayuda a desgranar o coloca pequeñas cantidades de maíz al sol. Sus hijas realizan ahora la mayor parte del trabajo agrícola y de preparación. La edad cambia la distribución de las tareas, pero no borra la contribución de quien transmitió esos conocimientos.
La producción se sostiene principalmente mediante el trabajo colectivo de mujeres de una misma familia. Según Emilce, el acompañamiento de distintas organizaciones e instituciones les permitió avanzar en la formalización de la Asociación de Mujeres Organizadas de La America, AMODA, y obtener personería jurídica, lo que amplía sus posibilidades de gestionar proyectos y comercializar productos.
Auxiliadora Orozco, quien durante cerca de seis años acompañó procesos comunitarios desde CENDEROS, explica que el trabajo con las mujeres de La América comenzó alrededor de 2021. Según recuerda, en 2022 formularon un proyecto con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para conseguir un molino, que finalmente recibieron en 2025.
El primer molino se recalentaba y tuvo que ser sustituido. Sin embargo, el segundo solo permite moler maíz seco, mientras que para elaborar tortillas y otros alimentos necesitan procesarlo húmedo. Por eso recurren a molinos externos, donde pagan alrededor de 1.000 colones (unos $2.16 ) por molienda de aproximadamente medio quintal de maíz, un gasto que algunos días deben asumir hasta dos veces.
También cuentan con una cocina industrial, aunque todavía no tienen un espacio adecuado para instalarla. Los equipos permanecen distribuidos entre las viviendas de Cristobalina y Emilce. Su meta es acondicionar un lugar con paredes de cemento, mesas y mejores condiciones para producir alimentos. “Estamos recogiendo fonditos”, dice Emilce.
Cristobalina y sus hijas no necesitan que alguien les enseñe a trabajar con el maíz. Ese conocimiento ya existe y ha pasado de una generación a otra. Lo que necesitan son condiciones para que conservarlo y convertirlo en ingresos no signifique asumir ellas solas todos los costos de producir.
Sembrar para tener opciones
Cuando Uvania López y su esposo, Noel Quintana Consega, llegaron a Jomuza en 2002 tenían pocos recursos y estaban empezando su vida en Costa Rica. Poco después comenzaron a formar su familia: sus cuatro hijos nacieron en ese país. En aquellos primeros años, Noel salía a trabajar para conseguir dinero para la comida. Por las tardes, ambos comenzaron a sembrar chile.
Con las primeras ganancias compraron un caballo y una carreta para transportar cosechas y realizar pequeños viajes con los que obtenían ingresos adicionales. Después incorporaron frijoles, maíz y otros cultivos. Con el tiempo también invirtieron en maquinaria, herramientas e insumos para mejorar las labores agrícolas.
Hoy trabajan tierras propias, donde producen alimentos para el consumo familiar y la venta. Sus cuatro hijos han crecido entre la agricultura y la vida comunitaria. Actualmente viven con la hija menor, de 16 años; otra de 22 años estudia en Heredia y los dos hijos mayores han iniciado sus trayectorias laborales.
La jornada de Uvania comienza a las cinco de la mañana. Prepara el desayuno mientras Noel atiende a los animales. Después ambos salen al campo. Ella trabaja en los cultivos, regresa a preparar el almuerzo y se encarga principalmente de comercializar la producción. Como pareja, comparten responsabilidades agrícolas y domésticas, administran los ingresos y toman conjuntamente las decisiones sobre las inversiones y las ventas.
Diversificar los cultivos les permite tener productos en distintas épocas. Cada viernes, Uvania participa en la feria de Upala Centro, donde agricultoras y agricultores de distintas comunidades ofrecen sus cosechas. Allí comercializa alrededor de 80 kilos de yuca, mientras mantiene otros 50 kilos próximos a cosechar. También venden chile: entregan aproximadamente 100 kilos a Propica, una empresa costarricense que les paga 400 colones por kilogramo, y destinan otros 20 kilos a la feria.
La entrega de esos 100 kilos de chile representa 40.000 colones de ingresos brutos, antes de descontar los costos de producción. Según Uvania, en la feria consigue mejores precios que los ofrecidos por la empresa. “Casi siempre tenemos algo para vender”, cuenta. En los meses más favorables, estima que las ganancias familiares pueden rondar los 500.000 colones, aunque el monto varía según las cosechas y los gastos en insumos, mano de obra y mejoras de maquinaria.
Uvania recuerda una cosecha de malanga en la que invirtieron aproximadamente un millón y medio de colones (unos $3.246). Según sus cálculos, recuperaron la inversión y obtuvieron alrededor de un millón de colones de ganancia. Sin embargo, los precios ofrecidos por el intermediario fueron inferiores a los que podían conseguir mediante la venta directa en las ferias de Upala o en la comunidad. Su experiencia muestra que producir no significa necesariamente tener control sobre el precio de una cosecha.
La experiencia ha fortalecido una de las principales aspiraciones de Uvania: “Mi deseo es tener mi propia empresa, ya no ser una emprendedora, sino ser una empresaria, tener mi economía más estable, poder vender más directamente, no con el intermediario”, afirma. Para ella, la autonomía económica significa también tener mayor capacidad para decidir cómo comercializar sus productos y obtener ingresos más estables.
Además del trabajo familiar, Uvania impulsa una huerta colectiva desde la asociación Amigos del Ambiente, de Jomuza, integrada por 24 mujeres y cuatro hombres. La mayoría de sus integrantes no dispone de tierras suficientes para cultivar más allá del espacio donde se encuentran sus viviendas. Frente a esta limitación, la huerta compartida les permite sembrar, obtener alimentos y generar ingresos sin necesidad de contar con una parcela propia.
Sus integrantes comparten las labores agrícolas, las cosechas y los ingresos obtenidos mediante las ventas en la comunidad y en ferias. Los recursos se administran colectivamente y se distribuyen según el trabajo realizado, mientras una parte se reserva para cubrir los gastos y mantener un capital para la asociación. Durante las temporadas de cosecha, Uvania también ofrece trabajo remunerado por horas a mujeres de la comunidad, contribuyendo a que otras familias cuenten con recursos para su alimentación y sus necesidades cotidianas,
“Hay momentos para trabajar y otros momentos para reflexionar”, cuenta Uvania. Más allá de la producción agrícola, la huerta se ha convertido en un espacio de encuentro donde las mujeres intercambian conocimientos, comparten experiencias y fortalecen los vínculos que las unen como comunidad.
Uvania terminó la primaria. La situación económica de su familia le impidió continuar estudiando. Noel también dejó la secundaria por falta de recursos. Ahora una de sus prioridades es que sus hijos e hijas tengan más posibilidades de las que ellos tuvieron. Al mismo tiempo les han enseñado a trabajar la tierra. “Es importante también que ellos no olviden sus raíces”, enfatiza.
No se trata de imponerles el mismo camino. Uvania quiere que sepan sembrar y conozcan de dónde vienen, pero también que puedan estudiar, trabajar y decidir qué vida desean construir. Quizá allí esté la forma más concreta de la autonomía que imagina: no en abandonar la tierra, sino en tener la posibilidad de elegir qué lugar ocupará en el futuro.
Sostener no debería significar hacerlo solas
Las historias de Rosita, Andrea, Cristobalina y Uvania muestran que la autonomía económica no puede medirse únicamente por cuánto dinero entra a un hogar. También importa quién cuida, cuánto tiempo queda después de cuidar, quién puede acceder a tierra y mercados, qué pasa cuando una cosecha no encuentra comprador y qué protección existe cuando el cuerpo ya no puede sostener el mismo ritmo de trabajo.
La edad, la migración, los cuidados, los ingresos y el territorio no pesan igual sobre todas. Se cruzan y modifican las posibilidades reales de cada mujer.
En Upala, el territorio también cuenta. Orozco explica que una carretera en malas condiciones encarece sacar los productos y reduce las posibilidades de competir. Es entonces cuando los intermediarios pueden convertirse en una de las pocas vías para llegar al mercado, aunque eso signifique aceptar precios fijados por otras personas.
La distancia tampoco se mide únicamente en kilómetros. Los apoyos institucionales, señala Orozco, muchas veces llegan a través de capacitaciones, fondos o proyectos con una duración determinada. Pero convertir una actividad productiva en un ingreso estable requiere procesos más largos: organizarse, producir, formalizarse, acceder a financiamiento y encontrar mercados. “Ellas ya resuelven todos los días”, resume.
Precisamente por eso, la sostenibilidad no debería depender de cuánto más puedan resolver. Hablar de derechos laborales en estos territorios obliga a reconocer también el trabajo agrícola por cuenta propia, los cuidados no remunerados y la participación comunitaria. Son aportes fundamentales para la economía y la vida cotidiana que no siempre se traducen en ingresos estables ni protección social.
También obliga a preguntarnos qué significa realmente integrarse. Para Orozco, una integración digna tendría que ser algo mucho más concreto que haber logrado permanecer durante décadas en Costa Rica: poder vivir del propio trabajo, acceder a derechos y protección social, tener oportunidades de acceder a tierra y financiamiento, compartir los cuidados y participar en las decisiones de la comunidad.
Eso requiere algo más que proyectos aislados. “El Estado tiene que estar presente en el territorio, las organizaciones tienen que dar continuidad a los procesos y la comunidad tiene que seguir fortaleciéndose”, explica Orozco.
Las mujeres de estas historias ya forman parte de Upala. Están en los cultivos, en los alimentos que llegan a las mesas, en los conocimientos transmitidos entre generaciones y en las alianzas construidas durante años.
Reconocer esa contribución no significa convertirlas en heroínas de la resistencia ni celebrar su capacidad para soportar una dificultad tras otra. Significa reconocerlas como trabajadoras, productoras, cuidadoras, lideresas y sujetas de derechos.
Sus historias dejan una pregunta distinta: qué tendría que cambiar para que décadas de trabajo puedan convertirse también en seguridad económica, descanso, autonomía y capacidad de elegir.
Porque integrarse dignamente no debería significar aprender a sostenerlo todo. También debería significar tener derecho a una vida que las sostenga a ellas.
*Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística La Sala: Mujeres en la Redacción, con el financiamiento de Diakonia y de Vikes (Fundación Finlandesa para los Medios y el Desarrollo), una iniciativa que busca fortalecer el periodismo independiente, crítico y de investigación, así como promover la participación, el liderazgo y la proyección de las mujeres periodistas, mediante acciones de influencia e impacto que contribuyan a visibilizar y posicionar sus voces como referentes del periodismo, la investigación y la opinión pública.