Lucía y Ana hablan de su idioma, su escuela y su futuro. Sus palabras ponen a prueba las promesas de un Estado con muchas leyes y poca inversión.
Por: Rosa Sosof
Lucía tiene 12 años y no usa uniforme. Va a la escuela en Sololá, Guatemala con su corte (Parte de abajo de la indumentaria maya) y su güipil, como todas sus compañeras, y allí aprendió a hablar el idioma de sus padres. Cuando se le pregunta qué quiere ser, no duda:¨Yo quiero defender a las personas de los malos¨. Guatemala tiene leyes que prometen proteger ese futuro. Falta que lleguen a su vida cotidiana.
En San Juan Argueta, Sololá, Ana, de 16 años, piensa en las que no tuvieron suerte. ¨Agradezco a mis padres, que me han dado la posibilidad de estudiar, porque otras conocidas no han podido¨, cuenta. ¨No hay escuelas cerca o les toca trabajar¨.
Las dos crecen en un país que, sobre el papel, las protege. Guatemala tiene una ley integral para la niñez desde 2003, prohibió el matrimonio de menores de 18 años en 2017 y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero entre la ley y la vida de las niñas mayas hay una distancia que se mide en escuelas lejanas, en burlas por su ropa y en presupuestos que alcanzan para poco: el Estado invierte en promedio unos 15 quetzales diarios por cada niña, niño o adolescente, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Una identidad que se lleva puesta
Para Lucía su identidad está en lo que viste cada mañana. ¨Para mí es normal vivir con mi traje. Mis amigas utilizan su corte (Falda) y güipil. Me gusta mi ropa¨, dice. En este proceso la escuela ha sido clave. ¨Para mí, en la escuela me han enseñado a hablar mi idioma¨, explica.
También le gusta estudiar, aunque echa en falta otra cosa. ¨A veces necesitamos más espacio para jugar¨, cuenta. No siempre la dejan salir a jugar con sus compañeros y compañeras. La razón, dice, es que ¨hay gente mala¨. A los 12 años, la inseguridad ya decide dónde puede estar y dónde no.
En 2024, el Gobierno aprobó la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044, centrada en niñas y niños desde la gestación hasta los seis años. Ese mismo año, el Ministerio de Educación presentó el Acuerdo Nacional de Educación 2024-2035. El país también ratificó la CEDAW, que obliga a eliminar la discriminación contra mujeres y niñas.
La cuestión es cómo se cumple todo eso en una aldea rural, en un idioma maya y con recursos contados. Al 31 de marzo de 2026 el presupuesto vigente equivalía a Q15.40 diarios por cada niña, niño o adolescente: unos dos dólares.
Para una adolescente como Ana, la cifra se traduce en preguntas concretas: si hay un instituto cerca, si su familia puede prescindir de su trabajo, si su escuela respeta su idioma. Ella no siempre vivió su cultura con orgullo. ¨Para mí, usar mi corte y mi güipil es importante. Ahora lo entiendo un poco mejor*, dice. ¨Antes no lo comprendía y había personas que se burlaban¨.
Reconocerse en la propia cultura, en su caso, fue un aprendizaje: uno que tuvo que hacer a pesar de la discriminación. Hoy tiene claro qué quiere. ¨Yo quiero seguir estudiando¨, dice. ¨Quiero enseñarles a los demás niños y niñas la importancia de nuestra voz, y que nosotros podemos cambiar muchas cosas¨.
En su familia, no todas eligieron lo mismo. ¨Varias de mis primas se fueron a Estados Unidos para tener más dinero¨, cuenta Ana. ¨Pero yo quiero seguir aprendiendo y ayudar a mi familia desde acá¨.
Lo que piden
Lucía quiere defender a otras personas. Ana quiere enseñar a otros niños el valor de su voz. Ninguna pide privilegios: piden escuelas cercanas, espacios seguros para jugar y respeto por su idioma y su ropa.
Escucharlas es el primer paso. Garantizar sus derechos y proteger sus vidas no puede quedar solo en manos de ellas, de sus familias o de sus comunidades. ¨Nosotras podemos cambiar muchas cosas¨, dice Ana. La pregunta es quién está dispuesto a escucharlas.
Nota editorial: Los nombres de Lucía y Ana fueron cambiados para proteger su identidad. Estos testimonios fueron hechos con el consentimiento de sus familias.