Por: Sofía Guzmán
Cristina Quintanilla es el rostro de una injusticia que ha marcado su vida y la de
muchas otras mujeres en Centroamérica. “Estoy segura de que mi experiencia
obstétrica no fue mi culpa”, asegura con firmeza. En 2005, su vida cambió
radicalmente tras sufrir una emergencia obstétrica que culminó en la pérdida de su
bebé. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo médico y emocional, Cristina fue
tratada como una criminal.
Su historia es el reflejo de una realidad que afecta a miles de mujeres en países
como El Salvador, donde la criminalización de las emergencias obstétricas es una
consecuencia directa de la prohibición absoluta del aborto. Junto a Honduras y
Nicaragua, El Salvador es uno de los países que castigan cualquier interrupción
del embarazo, incluso cuando es involuntaria. La historia de Cristina ilustra la
severidad con la que se aplica esta ley, sin tener en cuenta las circunstancias
médicas.
Cristina, una joven morena de cabello lacio, tenía solo 18 años cuando fue
arrestada en El Salvador. Sufrió un aborto espontáneo y bajo los efectos de la
anestesia, fue interrogada por la policía y acusada de homicidio agravado.
Inmediatamente después de perder a su bebé, fue detenida y trasladada al Centro
Penal para Mujeres del Departamento de Ilopango.
Un retrato de Cristina. *Fotografía tomada de El País.
“Yo había perdido a mi bebé, y no tuve chance ni siquiera de enterrarlo porque me
detuvieron en ese momento”, recuerda Cristina con dolor. Sus palabras reflejan la
crudeza de la situación que enfrentó: no solo tuvo que lidiar con la pérdida de un
hijo, sino también con el peso de ser tratada como una delincuente.
Los médicos que atendieron a Cristina fueron quienes notificaron a las
autoridades. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto,
un 57% de las denuncias por abortos en El Salvador provienen de hospitales
públicos, exponiendo a las mujeres que buscan atención médica a procesos
judiciales sin su consentimiento. En el caso de Cristina, la denuncia llegó desde el
hospital, sumergiéndola en un sistema que parecía decidido a condenarla desde el
principio.
Las mujeres que, como Cristina, enfrentan este tipo de criminalización suelen ser
de bajos recursos. Cristina no tenía acceso a una atención médica privada y, como
muchas otras, acudió a un hospital público buscando ayuda tras una complicación
médica. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo y apoyo, fue acusada y
condenada a 30 años de prisión. En ese momento, Cristina tenía un hijo de 3
años, de quien fue separada abruptamente. “Lo más difícil fue dejar a mi hijo”,
afirma con un tono doliente.
Cristina subraya cómo esta persecución está profundamente enraizada en la
desigualdad social. “Es una locura penalizar el aborto, pero es aún más una
persecución a las mujeres de escasos recursos. Si yo hubiera sido hija de un
diputado o de una persona de clase alta, jamás habría terminado en la cárcel”,
denuncia, consciente de que la justicia en su país no es igual para todas.
Después de cuatro años de lucha dentro de la prisión, en 2009, Cristina logró
reducir su condena gracias al apoyo de organizaciones como la Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local. Su sentencia, que inicialmente era de 30 años,
fue reducida a 2 años tras un proceso de apelación. “El apoyo de estas organizaciones es invaluable para las mujeres que no tienen voz ni recursos”,
afirma Cristina, recordando la importancia de no sentirse sola durante su batalla
por la libertad.
Copia de la sentencia de Cristina Quintanilla *Disponible en internet.
A pesar de haber recuperado su libertad hace ya 15 años, el trauma de aquella
experiencia sigue acompañando a Cristina. No obstante, hoy, su voz es un
símbolo de resistencia y esperanza. “Ninguna mujer debería pasar por lo que yo
pasé. No queremos ver a más mujeres sufriendo lo mismo que sufrimos nosotras
en prisión”, dice con determinación. Cristina no ha olvidado, y no permitirá que el
mundo olvide, lo que sucedió con su caso.
Su historia es una denuncia constante de la necesidad urgente de reformar las
leyes que criminalizan a las mujeres por emergencias obstétricas. Cristina sabe
que su caso no es el único y que muchas otras mujeres siguen enfrentando una
justicia implacable y ciega.
Además, la complicidad entre el sistema de salud y el sistema judicial en estos
casos revela una violación de los derechos humanos, especialmente el derecho a
la confidencialidad médica. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, mujeres como
Cristina sigan siendo perseguidas por complicaciones médicas que deberían ser
tratadas con humanidad y respeto.
Hoy, Cristina Quintanilla es una activista por los derechos de las mujeres. Ha
alzado la voz para que otras no sufran lo que ella sufrió, y su historia ha recorrido
el mundo como un llamado de atención sobre la cruel realidad que viven muchas
mujeres en Centroamérica. La despenalización del aborto y la protección de los
derechos reproductivos no son solo una cuestión de justicia social, sino de
derechos humanos fundamentales. Mientras estas leyes no cambien, mujeres
como Cristina continuarán viviendo con el miedo constante de que una
emergencia médica pueda significar no solo la pérdida de un embarazo, sino
también la pérdida de su libertad.
