Indira González
Era marzo de 2020 cuando Elena – a quien llamaremos así, por su seguridad – comenzó a sentir que algo no andaba bien en su cuerpo, en el vientre bajo se le había formado un bulto. A los pocos días fue diagnosticada con endometriosis, una condición que afecta entre el 10% y el 15% de las mujeres en edad reproductiva y que provoca dolor crónico en el vientre. Los médicos le dijeron que las probabilidades de embarazo serían mínimas debido a su condición. Confiada en este pronóstico, Elena dejó de usar métodos anticonceptivos, con 27 años de edad.
Elena es madre desde los 16 años y un día sintió el mismo cansancio profundo y constante que había experimentado durante su primer embarazo. Aunque su menstruación no llegó a tiempo, no se alarmó de inmediato, ya que los periodos irregulares eran parte de su vida con endometriosis. Sin embargo, tras varias semanas de síntomas, decidió hacerse una prueba de embarazo: positiva.
Cuando se dió cuenta del embarazo, tenía seis semanas de gestación. Elena lloró. Sabía que no estaba preparada para ser madre otra vez. Ya había enfrentado un embarazo adolescente. Esta vez, el miedo no era por lo desconocido, sino porque sabía perfectamente la responsabilidad que la maternidad implica. Elena tomó una decisión: no quería continuar con ese embarazo.
Un país que criminaliza el derecho a decidir
Nicaragua es uno de los países más restrictivos frente al aborto en América Latina. Desde 2006, el aborto está completamente penalizado, sin excepciones. Ni siquiera en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre se permite interrumpir un embarazo de manera legal. Esta prohibición ha provocado que miles de mujeres se enfrenten a situaciones desesperadas cada año, obligándolas a buscar métodos clandestinos e inseguros.
El caso de Nicaragua no es único. La penalización del aborto no ha disminuido el número de abortos, sino que ha incrementado los riesgos para las mujeres, especialmente aquellas que viven en situaciones de pobreza. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en todo el mundo, y el 97% de estos ocurren en países donde el acceso al aborto es limitado o ilegal. En América Latina, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna.
En este contexto, Elena sabía que debía actuar rápido. Tenía miedo, pero también estaba decidida a cuidar de su salud y su bienestar emocional. Sabía que muchas mujeres en su lugar se veían obligadas a continuar embarazos que no querían, a riesgo de su salud física y mental, pero ella decidió que no sería una de ellas.
Autonomía en un contexto de criminalización
Como profesional de la salud, Elena tenía acceso a redes y contactos que le permitieron obtener misoprostol, una pastilla que es de uso controlado y que se utiliza para interrumpir embarazos. Aunque en Nicaragua su venta está restringida, es la opción más segura para las mujeres que deciden abortar en casa, frente a los riesgos que implican los métodos invasivos no regulados.
Elena estaba asustada. Decidió contarle a su mejor amiga y a su hermana lo que estaba pasando, buscando apoyo emocional y compañía durante el proceso. No se lo dijo a su pareja; su relación no estaba en su mejor momento, y temía ser juzgada por su decisión.
Cuando comenzó el proceso con misoprostol, los dolores se hicieron presentes a las seis horas. Sabía que algo podría salir mal, que el riesgo de una complicación estaba ahí, pero había estudiado cada paso para minimizar cualquier peligro. Con su amiga a su lado, se preparó para ir al hospital si fuera necesario.
Cuando acudió al hospital debido al sangrado, dijo que creía era consecuencia de su endometriosis. Los médicos no hicieron preguntas y le realizaron un legrado para asegurarse de que su vida no corriera peligro. Elena había logrado interrumpir su embarazo de manera segura. Pero su experiencia no la dejó indiferente.
La desigualdad del acceso
Elena sabe que su historia no es la misma que la de muchas otras mujeres en Nicaragua. A pesar del miedo y las barreras, ella tuvo acceso a información y apoyo. Sin embargo, en un país donde más del 70% de la población vive en pobreza extrema, la realidad es mucho más dura para quienes no tienen los recursos, las redes o la información necesaria para acceder a un aborto seguro. La penalización del aborto no afecta de manera equitativa; impacta de manera desproporcionada a las mujeres más vulnerables, aquellas que viven en zonas rurales o que no tienen acceso a atención médica privada.
El informe de 2023 del Guttmacher Institute señala que las tasas de aborto son más altas en los países donde el acceso a este procedimiento está restringido, y las mujeres pobres son las que más sufren las consecuencias de estas políticas represivas. En Nicaragua, las mujeres que no pueden costear servicios privados o acceder a redes de apoyo seguras están condenadas a procedimientos clandestinos y peligrosos.
Un futuro de esperanza y justicia
La historia de Elena no es solo un testimonio de decisión, sino también de esperanza. Como muchas otras mujeres en América Latina, ella cree que las cosas pueden cambiar. En Argentina, el movimiento de la Marea Verde logró la legalización del aborto en 2020, después de años de lucha incansable por los derechos reproductivos de las mujeres. En México, varios estados han despenalizado el aborto, sentando precedentes importantes en la región.
Elena, como tantas otras mujeres, sueña con un futuro donde el aborto seguro sea un derecho garantizado, no un privilegio para algunas. Ella ha seguido adelante con su vida, ha continuado su formación profesional y ha criado a su hija con amor y dedicación. Si su hija, en el futuro, se enfrentara a la misma situación, Elena comenta que no dudaría en apoyarla. Porque, como bien dice, “ninguna decisión es fácil, pero todas las decisiones deben ser respetadas”. Aprender a acompañar sin juicio es esencial para poder avanzar como sociedad.
Este 28 de septiembre, en el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, la historia de Elena nos recuerda que las mujeres, incluso en los contextos más adversos, son capaces de tomar decisiones informadas y conscientes. Pero también nos invita a reflexionar sobre la injusticia de vivir en un sistema que las obliga a arriesgar sus vidas o a sufrir en silencio por ejercer su derecho a decidir.
