Por Gabriela Paz López
Tatiana Alemán.
“En nuestra historia se han interiorizado que el castigo es la solución ante la comisión de delitos, ante las faltas. Castigo sea para toda la narrativa histórica. Castigo, palo, encierro, aislamiento, convertir a alguien en paria, en nada, deshumanizarlo y convertirlo en monstruo. Esa es la estrategia que se ha utilizado. Quitarle esas características humanas para convertirlo en algo que no tiene valor y que merece ser amedrentado y vulnerado en niveles inimaginables. Y eso lo hemos venido experimentando desde tiempos de la conquista, la colonia, en nuestra tradición de dictadores”.
El “Poema de Amor” de Roque Dalton (Dalton, 1982) aborda la realidad de ser salvadoreño joven, trabajador, migrante y de bajos recursos. Aunque el poema tiene un enfoque masculino, las mujeres jóvenes, pobres, racializadas y obreras también enfrentan sospechas. Este poema inspiró al colectivo “Los siempre sospechosos de todo”, liderado por la activista Tatiana Alemán, quien está en el exilio debido a sus luchas en El Salvador. Durante cuatro años, el Colectivo promovió acciones para movilizar a las personas desde adentro, usando actividades artísticas provocadoras, intervenciones en espacios públicos, performances y generando videos. Estas acciones representan la historia salvadoreña, la posición de la juventud ante la violencia estatal.
Tati, como cariñosamente la conocen sus amistades, creció en un entorno determinado por grupos criminales y las fuerzas de seguridad estatal. Su involucramiento en el activismo surgió debido a la criminalización y detención ilegal que enfrentó su hermano mucho antes de que en El Salvador se implementara la actual política de seguridad bajo el Régimen de Excepción.
Durante mucho tiempo, Tati guardó un sentimiento de impotencia al presenciar continuas violaciones contra la juventud, en un contexto donde el Estado era escasamente visible. Reconociendo las diversas formas de violencia que afectaban su vida, que atravesaban su ser, en el hogar y en las calles, sintió la necesidad de establecer una red de acción y un cimiento de trabajo colectivo para brindar apoyo a su familia y a quienes compartían sus experiencias.
“En mi caso, como hermana de una persona privada de libertad, ahí fui conociendo otras mujeres, otras hermanas de personas privadas de libertad que con temor se acercaban a contar experiencias, porque al sentir que de alguna manera yo me exponía era vulnerable y decía las cosas, si hay algo que creo que me caracteriza es que no guardo, cuando hago pública mi vulnerabilidad, y ahí es donde creo que intento conectar mi activismo. Mis denuncias conectan con las mismas inquietudes o denuncias que tienen otras personas y así fue como me volví activista y defensora de derechos humanos (…) denunciando la detención ilegal de mi hermano. (…) al ver que era un patrón sistemático de violaciones contra las personas privadas de libertad y sus familias, fue como: hay que recordarle a la sociedad y no solo a quienes estigmatizan o no solo al Estado, sino que todas y todos los sectores de la sociedad: que las personas privadas de libertad tienen derechos” (Alemán 2023)
Wendy Morales, es una mujer joven, afrodescendiente, indígena y defensora de derechos humanos salvadoreña. Ella, en conjunto con otras personas jóvenes, que también enfrentaron detención ilegal, fundaron la organización Asociación Azul Originario con el fin de acompañar a familiares de personas privadas de libertad. Actualmente, ante el contexto de represión y la subida de las detenciones arbitrarias que ha generado el Régimen de Excepción en El Salvador, han promovido espacios de acuerpamiento, asesoramiento jurídico, atención psicológica a las familias, que buscan la libertad de sus seres queridos.
“(…) Hay una afectación psicosocial que no se identifica a las familias, porque casi siempre hay algunos programas o enfoques que se centran en la persona privada de libertad. Pero la familia pasa por todo un proceso de desintegración, de duelo, de luto. También las afectaciones económicas, porque hay una creencia de que el Estado mantiene estas personas, pero no es esa verdad. La familia debe de pagar. Ahora, hasta los paquetes que antes los podían ingresar ellas, ahora los tienen que pagar, y tienen que también asumir una serie de costos legales, de movilización, de transporte, que no se contempla. Entonces, lo que nosotros hemos podido evidenciar es que hay una múltiple gama de factores que se afectan. Las personas tienen sus proyectos de vida y se ven truncados dependiendo también a quién detengan. Si esta persona que detienen es un sustento para la familia, o si es un hijo, o si es una hija, y que mayormente son las mujeres las que asumen esta labor de los cuidados. De todo el tiempo que nosotras llevamos registrando casos, hemos tenido que cinco padres de familia, de ahí, todas han sido mujeres”. (Morales 2023)
Las políticas de seguridad actuales implementadas en El Salvador han resultado en que el país tenga la tasa per cápita de personas en prisión más alta a nivel mundial. Esta cifra supera en casi el doble la cantidad de personas encarceladas por cada 100,000 habitantes en comparación con los Estados Unidos. Estas afirmaciones fueron hechas por la directora de Amnistía Internacional para las Américas al presentar un informe sobre derechos humanos en El Salvador (Gato Encerrado 2022). Además, el gobierno ha construido la “mayor cárcel de Latinoamérica”, lo que junto a estas políticas demuestra la mentalidad punitiva que el ejecutivo salvadoreño ha adoptado para abordar la elevada inseguridad en el país.
A pesar de ello, la política actual de seguridad cuenta con la validación de la población salvadoreña, según la Encuesta de Opinión Pública presentada por la Universidad Centroamericana, el 85.7% de la población encuestadas dijo sentirse más segura en el contexto del Régimen, debido a que hay menos presencia de pandilleros en las calles, y que no enfrentan extorsiones, sin embargo, el 43.1% opina que un efecto negativo es la detención de personas inocentes. (Instituto Universitario de Opinión Pública – UCA 2023)
La historia de políticas autoritarias y la prevalencia de enfoques represivos no son novedad en el país. Las autoridades encargadas de la seguridad en El Salvador han venido implementando estrategias de persecución delictiva durante décadas, estableciendo cercos militares en zonas empobrecidas y dirigiendo sus narrativas de manera contundente hacia las juventudes en situación precaria, especialmente hacia los hombres jóvenes. Karoline Alvarado, socióloga feminista, ha realizado diversas investigaciones sobre las implicaciones de la militarización y las políticas represivas de seguridad pública en las vidas y los cuerpos de las personas jóvenes urbanas. Desde su perspectiva, ella argumenta:
“Hablando de la situación de El Salvador y las juventudes, a lo largo de la historia hemos tenido una peculiar situación en diferentes contextos. Hemos sido la población que ha encabezado luchas para transformar realidades injustas; hemos sido símbolos de avance y esperanza como parte de las nuevas generaciones, pero también formamos parte de este imaginario colectivo fuertemente adulto centrista en el que se nos considera a las juventudes como haraganas, rebeldes o despreocupadas. Por lo tanto, en el contexto actual, desde una óptica de los poderes económicos y políticos existe una visión de estigma y criminalización hacia nuestra población, particularmente por asociarnos con la potencial comisión de delitos o de pertenecer a estructuras criminales como actualmente lo estamos viviendo. Pero claro, esta visión es más contundente si es dirigida contra las juventudes que vivimos en alguna situación socioeconómica precaria, las juventudes que vivimos desde las disidencias sexo-genéricas, es decir, juventudes lésbicas, gais, bisexuales, transexuales, que vivimos en barrios populares sin acceso a servicios básicos que debería garantizar el Estado como la educación, la alimentación, la recreación misma, el trabajo, la salud, el derecho a la identidad; a un nombre, incluso”. (Alvarado 2023)
Ángela Davis, feminista afrodescendiente, ha argumentado que la prisión no solo es un lugar de castigo para los delincuentes, sino también una institución que se ha utilizado históricamente para mantener el control sobre ciertas comunidades, especialmente las comunidades negras y latinas. Ella ha señalado cómo las políticas de encarcelamiento en masa han resultado en la marginalización y deshumanización de estas poblaciones. Esto incluye la vigilancia excesiva en comunidades minoritarias, la discriminación racial en arrestos y condenas, y la creación de perfiles raciales. Davis también ha discutido cómo la prisión en sí misma funciona como una tecnología de marcaje racial al mantener y perpetuar la desigualdad racial a través de la separación de poblaciones y la limitación de oportunidades de desarrollo (Davis 1981)
En las primeras décadas del siglo XXI, tras la guerra civil, las pandillas se identificaron como un enemigo común bajo nuevos gobiernos. Las actuales medidas represivas, promovidas a través del Régimen de Excepción, han disminuido su influencia. La respuesta estatal ha sido reactiva, pero se ha quedado corta en la creación de políticas públicas específicas para las poblaciones afectadas y la resolución de problemas particulares como la violencia contra las mujeres y las personas LGBT+. Además, la falta de participación y consulta con la población ha sido evidente en el diseño, análisis, transformación, evaluación y rendición de cuentas de estas políticas. El enfoque se ha limitado a combatir las estructuras criminales, sin abordar la violencia perpetrada por el propio Estado contra los territorios y los cuerpos.
Alemán, Tatiana M., entrevista de Gabriela Paz López. Entrevista sobre su activismo para Miradas Moradas (julio de 2023).
Alvarado, Karoline, entrevista de Gabriela Paz López. Entrevista a socióloga estudiosa sobre represión policial (julio de 2023).
En este contexto, es complicado generar propuestas en un entorno marcado por la violencia, especialmente cuando se busca identificar un “eje del mal” en lugar de abogar por la transformación de los factores estructurales que causan desigualdad y violencia. Sin embargo, las jóvenes feministas ofrecen perspectivas esperanzadoras y proponen estrategias que involucran a la comunidad local, enfocándose en la prevención y la promoción de la convivencia para cambiar las dinámicas sociales, además brindan servicios que el estado niega como el acompañamiento legal de las familias y el trabajo comunitario en la prevención de la violencia. Es esencial desmantelar la cultura de opresión racial, sexual y de clase arraigada en la sociedad, reconocida como un desencadenante de la violencia, abordándola en nuestros cuerpos, mentes y entornos.
Referencias
Amnistía Internacional. El Salvador: A un año del régimen de excepción, las autoridades cometen violaciones de derechos humanos de forma sistemática. 3 de abril de 2023. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/.
CRISTOSAL. Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a derechos humanos. Informe sobre vulneración de derechos, San Salvador: CRISTOSAL, 2023.
Davis, Angela. “Mujeres, raza y clase”. Ediciones Akal , 1981.
Gato Encerrado . «El Salvador es el país con mayor cantidad de detenidos por cada 100 habitantes, según Amnistía Internacional.» Bitácora del Régimen/día 70, 4 de junio de 2022: https://gatoencerrado.news/2022/06/04/amnistia-internacional-senalo-a-el-salvador-como-el-pais-con-mas-privados-de-libertad-a-nivel-mundial1/.
Morales, Wendy, entrevista de Gabriela Paz. Entrevista sobre Activismo Azul Originario (agosto de 2023).
Dalton, Roque. Historias prohibidas del Pulgarcito. San Salvador : UCA editores , 1982.
Instituto Universitario de Opinión Pública – UCA. «Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.» 05 de 09 de 2023. https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2023/03/La-poblacion-salvadorena-evalua-el-1er-anio-de-vigencia-del-regimen-de-excepcion-1.pdf.
