El Internet también es un territorio político de disputa.
El internet se ha convertido en un territorio político donde se reproducen y amplifican las violencias estructurales que atraviesan nuestras sociedades. Para feministas, activistas, defensorxs de derechos humanos y personas LGBTIQ+ en Centroamérica, expresar opiniones, defender derechos y hacer visibles nuestras identidades se ha convertido en un acto de resistencia que conlleva riesgos reales y tangibles.
La violencia digital es cualquier acto de agresión cometido, facilitado, agravado o amplificado mediante herramientas digitales o tecnologías de la información y comunicación. Estos actos de agresión pueden manifestarse como hostigamiento, acoso, imágenes y contenido sexual no deseado, amenazas o chantaje, incitación al odio, robo de identidad, doxing (publicación de información privada de alguien), o cualquier otro tipo de vulneración de derechos y libertades.
La violencia digital no está aislada del mundo offline, más bien, las estructuras y dinámicas sociales se apropian de los espacios virtuales, por lo que viene a ser una extensión sofisticada de las violencias patriarcales, racistas y clasistas que encuentran en el ciberespacio nuevas formas de amplificarse y perpetuarse, amparadas y sostenidas por el anonimato, la distancia corporal, la viralización, los algoritmos con alcance global y la impunidad.
Una investigación realizada en 2022 por el Taller de Comunicación Mujer en Ecuador, indicó que mujeres, adolescentes y personas de la población LGBTIQ+ son las principales vítcimas de la violencia digital que se ha visto incrementada en contextos de hiperconectividad que dejó la pandemia del año 2020.
Muchas cifras revelan la dimensión alarmante de este fenómeno. El 73% de las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea en el curso de su trabajo, según datos de 2023 de Naciones Unidas. Esta violencia busca específicamente amedrentarlas, propiciar su autocensura y silenciar opiniones relacionadas con temas de género y derechos humanos.
Las violencias que se viven en espacios virtuales están directamente relacionadas e implicadas con las violencias estructurales, por lo que el contexto político de un país y los discursos institucionales pueden ser los principales factores de legitimidad de la violencia en espacios digitales.
En El Salvador, uno de los impactos que han tenido las políticas regresivas y contexto autoritario reforzado por el uso de la tecnología como herramienta principal para transmitir información gubernamental, ha sido la persecución, hostigamiento y señalamiento a activistas, defensorxs de derechos humanos y periodistas, promovido por discursos institucionales y sostenido tanto por el gobierno como por personas de sociedad civil que apoyan el gobierno en turno.
Según un informe sobre violencia digital basada en género publicado en 2024 por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la violencia que sufren las periodistas y comunicadoras es misógina y homofóbica, y casi 1 de cada 5 comentarios contra ellas, implica violencia sexual.
Como es sabido, la violencia en espacios virtuales puede afectar profundamente la vida de las víctimas, provocando ansiedad, aislamiento, miedo, llevar a problemas de salud mental como la depresión y tendencias suicidas, impactar la vida profesional, relacional, y la participación en la esfera pública de las personas. Sin embargo, estas no son las únicas implicaciones negativas que puede tener este tipo de violencia.
En Centroamérica, la violencia digital se inscribe en un contexto de violencias estructurales históricas. La región presenta algunos de los índices más altos de violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ a nivel mundial. Ante la falta de información oficial detallada sobre la violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+ en Centroamérica, organizaciones civiles han documentado el incremento de agresiones tanto offline como online. En contextos dictatoriales, como los casos actuales de El Salvador y Nicaragua, y contextos regresivos como lo atraviesa toda Centroamérica durante los últimos años, la violencia digital puede, además, provocar el exilio, la migración y el desplazamiento forzados, la autocensura, el desarraigo y pérdida de vínculos sociales y la desestructuración familiar.
“Yo he dejado de asistir a ciertos lugares e intento trabajar más en casa y salir solo a sitios puntuales si es necesario. Prefiero no exponerme. El miedo existe y eso es parte de un activo de este gobierno: utilizar el miedo como herramienta, como estrategia para paralizar”. compartió la periodista salvadoreña Wendy Monterrosa a Latam Journalism Review, tras ser posicionada como la periodista más atacada a inicios del 2024.
La violencia digital contra feministas, activistas y personas LGBTIQ+ en Centroamérica constituye una amenaza real a la democracia, los derechos humanos y la construcción de sociedades más justass. No es un problema menor ni secundario: es una estrategia sistemática de silenciamiento que busca expulsar a estos grupos del debate público.
Enfrentar esta problemática requiere un abordaje integral que involucre a Estados, empresas tecnológicas, sociedad civil y organismos internacionales. Es necesario reconocer que el espacio virtual no es neutral, y que como territorio político, debe ser disputado y defendido desde los principios de justicia, igualdad y respeto a la dignidad humana. La lucha contra la violencia digital es una lucha por el derecho a existir, opinar y transformar el mundo desde nuestras múltiples identidades, experiencias y existencias. Es una realidad que no podemos ceder.