Cuando una mujer es privada de la posibilidad de tener sus propios recursos económicos, está siendo víctima de violencia económica. Cuando tu pareja te prohíbe trabajar fuera de casa o estudiar para que te superés, cuando se niega a darte la pensión alimenticia para tus hijos e hijas; cuando se apodera de tus bienes y los empeña o los vende, cuando te controla los gastos y te humilla por dinero. te está violentando económicamente.
Pero no solo eso, cuando se te niega el derecho a la tierra por ser mujer, o al separarte de tu ex-pareja se niega a darte la mitad de todo aquello que construyeron juntos, obligándote a estar en una relación que no querés, eso es violencia patrimonial y aunque se habla muy poco de estos temas, es urgente que comencemos a reconocerlos en voz alta.
Las Naciones Unidas definen la violencia económica y patrimonial como “el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres; cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para vivir”.
En Centroamérica, cada país tiene su propia definición legal, algunas legislaciones las diferencian con más claridad que otras y las penalizan con más severidad, pero todos la reconocen, y eso es una gran conquista de parte de las organizaciones de mujeres que por años han luchado por la visibilización de los diferentes tipos de violencia.
Leyes en las que se tipifican la violencia económica y patrimonial en Centroamérica
Costa Rica: Ley No. 7586 Ley Contra la Violencia Doméstica, Arto 2 / 1996
Nicaragua: Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, Arto 12 / 2012
Honduras: Ley contra la violencia doméstica, Artos 5 y 7/ aprobada en 1997
El Salvador: Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, Artos, 9, 53 y 54/ 2011
Guatemala: Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Arto 8 / 2008
Tres realidades distintas, una misma lucha
Antonella es una trabajadora sexual del norte de Nicaragua. Ella siempre ha sido el único sostén de su hogar y de sus hijos, pero cuando quiso separarse, su pareja quería quedarse con la casa. Antonella buscó apoyo con el Movimiento Red de Mujeres del Norte, y con la asesoría legal adecuada, logró probar ante el juez que su trabajo era su derecho y que además era el único ingreso que había para la manutención del hogar y la familia. Es así que ella ganó este caso de violencia económica.
A cientos de kilómetros al norte, en Honduras, otra mujer, a quien llamaremos Carmen, buscó la asesoría legal del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Su situación era más crítica pues estaba en etapa terminal de cáncer y los médicos le habían dado tres meses de vida. Ella quería que su expareja y padre de su hijo, se hiciera cargo de los estudios del muchacho, una vez que ella muriera.
Él era taxista y para ese entonces apenas le daba para el muchacho el equivalente a 15 dólares a la semana. Por ser un trabajador informal fue complicado probar ante un juez el monto de sus ingresos. Aquí, el desenlace no fue tan bueno. Luego de varios intentos en vano ante los jueces, Carmen dejó de comunicarse con la abogada y el caso quedó así. “Seguramente falleció, no supimos más”, nos contó Grecia Lizano, activista y abogada de Optio, organización miembro de SOMOS MUCHAS, quien atendió este caso.
Carmen fue víctima de violencia económica de parte de su ex-pareja por incumplimiento de la pensión alimenticia, una de las formas más comunes de violencia económica en toda la región centroamericana.
Más arriba del mapa hondureño, miles de mujeres campesinas y mujeres indígenas de El Salvador y Guatemala, al igual que en Nicaragua, siguen batallando para tener acceso a la tierra, aplicar a créditos y tener independencia económica. Los hombres de su familia no las dejan, por el mandato patriarcal de “sos mujer y no necesitás tierra”; estos hombres están ejerciendo violencia patrimonial.
“Lo que se construye en una familia, en pareja, y cuando llega el divorcio, por ejemplo, ya no te garantizan nada, aunque hayas trabajado toda la vida para ayudar a tener esos bienes, eso es violencia patrimonial”, nos explica una de las abogadas del Movimiento Red de Mujeres del Norte, en Nicaragua.
Existe amparo legal pero aún es deficiente
Honduras. Los artículos 5 y 7 de la Ley contra la violencia doméstica de Honduras definen y sancionan la violencia patrimonial y económica sancionando al hombre que se encuentre culpable con uno a tres meses de trabajo comunitario, en el último caso y en el caso de la violencia patrimonial, se le obliga a restituir el daño causado. Sin embargo, no están criminalizadas en el código penal.
Técnicamente hay juzgados especializados de violencia doméstica en todo el país, que son los que atienden los casos de violencia patrimonial y económica, entre otros. Es así que las mujeres no necesitan un abogado para ir a poner la denuncia. El juez de paz tiene la obligación de tomarte la denuncia. “No es necesario llamar a la policía porque a veces la violencia puede ser sicológica y patrimonial, en el sentido que no te está golpeando, pero te está quitando el dinero y te está tratando mal”, nos detalla Grecia Lizano, activista y abogada.
El juzgado va a llamar a un abogado del Estado para que represente a la mujer y va a notificar al acusado en su lugar de trabajo o domicilio sobre la denuncia en su contra. El hombre deberá responder en los próximos 30 días. Las organizaciones que apoyan a las mujeres que sufren violencia como, Ecuménicas por el derecho a decidir, Centro de Estudios de la Mujer, Centro de Derechos de las Mujeres, Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, entre otras, procuran pedir, antes de que le notifiquen la denuncia al hombre, un informe a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y al Instituto de la Propiedad para poder tener registro de todos los bienes que tiene el hombre, cuánto gana, cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias y entonces poder introducir, un embargo precautorio, para que el hombre no pueda vender las cosas, sacar el dinero o guardarlo en otro lugar.
“Todo esto cuando es un trabajador formal, cuando es un trabajador informal la historia es otra y es ahí donde vemos las deficiencias, como en el caso de la señora que tenía cáncer, donde no pudimos probar cuánto ganaba el taxista, y si le embargábamos el taxi, la persona no tenía con qué trabajar”, nos cuenta Grecia.
Nicaragua. Los casos de violencia económica y patrimonial más comunes o al menos que son más visibles, por la cantidad de denuncias que se reciben, son los de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Otros casos que son muy frecuentes aparecen en los casos de divorcio, cuando se trata de demostrar que hay bienes en común y que éstos tienen la capacidad de dar mejores condiciones de vida a los hijos e hijas.
“Aunque la ley es bien clara, no se aplica como debería de ser, siempre se van en base a lo que el hombre quiere demostrar. Con la casa (violencia patrimonial), a la mujer lo único que se le da, es el uso y goce, es decir les autorizan a que sigan viviendo en ella hasta que sus hijas e hijos cumplan la mayoría de edad, pero luego vuelve a manos del hombre”, se lamenta la abogada del Movimiento Red de Mujeres del Norte.
Demostrar que la mujer disponía del recurso, que salía a trabajar o monetizar el trabajo del cuido del hogar y de los hijos e hijas y que constituye un aporte económico al hogar, es bien difícil en Nicaragua. Si la mujer no tiene argumentos sólidos y papeles, pierde sus derechos. “Por eso debemos estar bien claras que, así como estamos casadas hoy, también nos podemos separar mañana… Nosotras hemos dado capacitaciones comunitarias con el tema de los bienes y es sorprendente que las mujeres nos digan ‘tengo casa’, pero al final, no tienen nada porque la casa está a nombre de los hombres”, afirma la abogada. Por eso la casa debe estar a nombre de ambos o de la mujer.
La falta de empoderamiento y sobre todo de información, sumado al sistema patriarcal, hace que las mujeres confíen tanto en los hombres, que dejan en sus manos no solo la economía del hogar, los bienes en común sino hasta les otorgan derecho sobre los objetos de valor que ellas poseen.
“Tenemos el caso de una mujer que tiene la escritura de la casa a su nombre, pero en el divorcio quedó con el uso y goce; ella tenía una pensión de 12 mil córdobas porque él tiene recursos y bueno, el caso se extendió y hace poco salió la nueva sentencia con 1,800 córdobas para la manutención de tres niños. ¡El juez le bajó el 90%! ¡Es una burla!”, continúa la abogada.
El Salvador. De enero del 2017 a mayo del 2022, el Observatorio de violencia contra las mujeres (ORMUSA) en El Salvador contabiliza 34,476 casos de violencia económica y 816 casos de violencia patrimonial. Y aunque las cifras siguen considerándose un subregistro, visibilizan lo frecuente que son estos tipos de violencia.
“El grueso de estas denuncias es para hombres. Esto es un reflejo de la paternidad irresponsable y la sobrecarga económica que tienen las mujeres”, dice Vilma Vaquerano, coordinadora del área de observatorios de ORMUSA.
Vaquerano explica que el delito y el reconocimiento de la violencia económica en sí, no nace con la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres aprobada en 2011, sino que nace con el código de la familia que ya estaba desde 1996-97.
“En El Salvador, se visibiliza la violencia económica y patrimonial gracias a los avances en las conferencias mundiales de la mujer y el reconocimiento de la Convención de Belén Do Pará. Entonces en el código de la familia se reconoce el aporte de las mujeres a la economía familiar a través del trabajo de cuidado, por lo que, en caso de separación, un juez o una jueza está obligado a reconocerlo de manera equivalente a los ingresos de su pareja”, agrega la abogada.
No se trata solo del dinero
Una mujer que está viviendo violencia patrimonial y económica, también sufre un impacto sicológico en su vida, su autoestima, autonomía. Incluso hay algunas que hasta llegan a manifestarlo con enfermedades físicas como problemas en la columna, migraña, gastritis permanente y estas condiciones sicosomáticas tienen mucho que ver con la desesperanza que sienten.
Miradas Moradas conversó con una sicóloga feminista nicaragüense, quien nos explicó que, ante la violencia económica y patrimonial, las mujeres ven restringidas sus condiciones para poder sostenerse, por tanto, viven estresadas pensando cómo van a dar de comer a sus hijos e hijas, cómo pagar el transporte, la atención médica, y las vuelve propensas a irritarse.
“Llegan a ponerlas en un estado de desesperanza. Las mujeres se sienten muy avergonzadas y pocas veces buscan ayuda para que alguien les diga qué hacer, van buscando cómo resolver el día a día…Y en el caso de los divorcios, con la violencia patrimonial les genera impotencia y frustración. Ellas sienten que hicieron tanto esfuerzo, trabajaron tanto y las dejaron sin nada”, nos comparte la sicóloga.
En el actual contexto del Nicaragua, la sicóloga expresa que el Estado está anulando la capacidad que pueden tener las mujeres para organizar la propia defensoría de sus derechos, y el hecho que las mujeres vean y sientan que no hay organizaciones a las que abocarse, está generando más desesperanza pues el Estado en vez de protegerlas y apoyarles es quien obstruye.
Las salvadoreñas lo que más resienten, es el poco reconocimiento que hay de parte de las propias mujeres que sufren violencia económica y patrimonial, cuando les preguntan si sufren violencia dicen que no, pero cuando les cuestionan cómo es la relación con la pareja, si tiene ingresos, su día a día, ahí te vas dando cuenta de todos los tipos de violencia a los que está siendo sometida.
“Por otro lado, la ley especial es relativamente nueva, los tribunales especializados se crearon en 2017-2018, sabemos de los esfuerzos de las organizaciones feministas, hemos mejorado sin duda. Hay un mayor reconocimiento de parte de las mujeres, lo hemos visto en diferentes situaciones, pero también hay obstáculos culturales y para resolverlos no basta con la mirada de género, debemos de dar una mirada interseccional y sobre todo en el tema económico”, reflexiona Vilma Vaquerano, coordinadora del área de observatorios de ORMUSA.
En efecto, la violencia económica y patrimonial toca muchos ámbitos de la vida de las mujeres, incluso, se conecta con los derechos sexuales y reproductivos. “Desde el momento que una mujer decide interrumpir un embarazo porque sabe que ese embarazo no le va a permitir seguir estudiando, o no le va a permitir darle de comer bien a sus otros hijos, o no le va permitir desarrollar su proyecto de vida. Y al imponerle un embarazo no deseado, la estamos condenando a sufrir violencia económica y patrimonial”, afirma Grecia Lizano, activista y abogada hondureña.
Tipos de violencia económica:
- Prohibir a la mujer que estudie y/o trabaje para tener independencia económica.
- Impedir que la mujer participe en la toma de decisiones sobre la economía del hogar.
- Exigir a la mujer que rinda cuentas de todos los gastos, sometiéndolas a humillación.
- Chantajear o exigir que la mujer sostenga relaciones sexuales, o de lo contrario no dará el dinero para la manutención de hijos e hijas.
- Negarse a pagar la pensión alimenticia.
- Asignar un salario menor a las mujeres, aunque cumplan con las mismas responsabilidades que los hombres.
Tipos de violencia patrimonial:
- Dañar los bienes o pertenencias de valor de la mujer
- Ocultar documentos personales como actas de nacimiento, identificación oficial, para evitar que ella realice cualquier trámite.
- Arrebatarle documentos que comprueban que es dueña de alguna propiedad.
- No reconocer la labor del cuido del hogar y los hijos e hijas, queriendo privarla del derecho a cualquier propiedad tras el divorcio o separación.
- Negarle el derecho a la tenencia de la tierra.
- Apropiarse de todos los ingresos y bienes del hogar, aunque sea la mujer quien los genere.
Dónde recibir apoyo
CuéntaNos es una Plataforma Interactiva que contribuye al empoderamiento a través del acceso a información de diferentes tipos de atención directa que brindan las diferentes entidades gubernamentales y de la sociedad civil que conforman esta red, para que las personas que necesitan la atención puedan tomar decisiones informadas. También, contribuyen al restablecimiento emocional de personas en crisis por medio de una atención psicosocial vía chat. Las mujeres de El Salvador, Guatemala y Honduras pueden encontrar apoyo acá.
En Nicaragua, los Movimientos de Mujeres que trabajan con voluntariado son la única opción que queda, debido al contexto socio político. Esta red solidaria de mujeres sigue apoyándose con un perfil bajo.
