Escrito por Katherine Estrada Téllez
Editado por Gabriela Paz López
Es viernes y el reloj marca las cinco de la tarde. Yorlenys de 42 años y Laura de 35 años, ambas nicaragüenses, se preparan para dejar su trabajo y disfrutar del fin de semana, su único día libre. Yorlenys es responsable de la limpieza y la cocina en una casa, mientras que Laura trabaja como niñera. Emigraron a Costa Rica en épocas distintas, pero ambas lo hicieron buscando “una mejor vida”.
La migración de las mujeres no es solo un fenómeno económico; es también una escapatoria de la violencia y la opresión. Estas mujeres enfrentan una compleja matriz de desafíos, que incluyen pobreza extrema, violencia doméstica y amenazas de pandillas.
Las nicaragüenses que han salido del país inicialmente lo hacían por escasez laboral, luego del 2018 se ha incrementado la migración a Costa Rica por la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Yorlenys lleva 18 años en el país, mientras que Laura solo seis, pero ambas viven con limitaciones económicas. Aunque residen en sus lugares de trabajo, deben enviar dinero a Nicaragua para mantener a sus familias, lo que solo les permite alquilar en cuarterías, pequeñas habitaciones dentro de una casa.
Sus salarios son inferiores a los 180,000 colones (360 dólares), mientras que, según El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, deberían ganar alrededor de 236,000 colones (472 dólares). Ambas trabajan más de ocho horas diarias sin seguro de salud. “Desde las seis de la mañana ya estamos preparando el desayuno, y no terminamos hasta cerca de las 9 de la noche, después de cenar y dejar la cocina limpia”, comenta Yorlenys. Laura añade que su labor se extiende hasta acostar a los niños.
¿Cómo viven las nicas que migran en Costa Rica?
Yorleny reflexiona sobre su situación mientras habla de sus horarios y obligaciones. “Preferiría no vivir aquí, pero me toca trabajar aquí”, dice refiriéndose a Costa Rica. A pesar de que su salario es mayor que en Nicaragua, señala que la vida es costosa en Costa Rica; alquilar un cuarto equivale a alquilar una casa entera en su país natal. “Vivo en Carpio, donde las balaceras son frecuentes. No quisiera que mi hijo creciera en ese ambiente”, agrega.
Aproximadamente el 15% de la población en Costa Rica es migrante, siendo el 80% de esta cifra de origen nicaragüense. Según la Política Migratoria Costa Rica 2024-2034, las condiciones de vivienda de los migrantes representan una fuente significativa de vulnerabilidad.
Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2022, indican que el 24% de los migrantes vive en condiciones de hacinamiento y que la pobreza afecta desproporcionadamente a las mujeres nicaragüenses, con un 37.4% en esta condición frente al 25.5% del promedio nacional.
Según el estudio de Migración, feminización y pobreza en Costa Rica (Año 2023), confirma que estas cifras son consistentemente más altas que las de las costarricenses y otras mujeres extranjeras en el país. Este análisis destaca la alta informalidad laboral entre las migrantes nicaragüenses, exacerbada por la falta de contratos de trabajo, seguro y protección social. También enfrentan un acceso limitado a servicios de cuidado infantil, lo que dificulta aún más su situación al trabajar cuidando niños de otras familias mientras luchan por acceder a cuidados para sus propios hijos.
Yorlenys y Laura enfrentan grandes desafíos al intentar cambiar de trabajo en Costa Rica debido a la falta de un permiso laboral. Yorlenys, quien ha trabajado casi dos décadas como empleada doméstica, aún no ha logrado regularizar su situación migratoria. Por su parte, Laura, que solicitó refugio en 2018, sigue esperando una respuesta. “Quiero buscar otro trabajo y salir de aquí, pero es imposible sin permiso laboral; solo tengo el documento de solicitud de refugio”, expresa Laura.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) desde 2018 hasta enero de 2024, se han presentado 260,551 solicitudes de refugio en Costa Rica, de las cuales menos del 5% han sido aprobadas, incluyendo 106,557 solicitudes de mujeres nicaragüenses, representando un 41% del total, pero solo 4,109 de ellas han sido reconocidas como refugiadas.
Laura comenta sobre las dificultades adicionales introducidas por las modificaciones al reglamento de Refugio en 2022, implementadas por el presidente Rodrigo Chavés. “Recibí el permiso laboral cuando me entregaron mi primer carné de solicitud, pero en una renovación para 2023, no me lo otorgaron porque no tenía seguro médico. Me informaron que era un nuevo requisito”, explica. Estos cambios incluyeron limitaciones como un plazo de 30 días para solicitar refugio, la necesidad de contar con un contrato de trabajo, estar registrado en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y otros requisitos engorrosos para la renovación del permiso laboral. Sin embargo, después de enfrentar cuestionamientos por parte de la Sala Constitucional, estas modificaciones fueron anuladas en junio de este año, ofreciendo un respiro a los solicitantes como Laura.
Nicas varadas en El Salvador
Rebeca, una joven nicaragüense de 28 años, se encontró varada en El Salvador tras el cierre de la frontera sur de Estados Unidos el cinco de enero de 2023, justo dos días después de que comenzara su viaje. “Mi intención era llegar a los Estados Unidos, donde tengo primas que se refugiaron y ya tenían un trabajo para mí”, cuenta Rebeca, quien no puede volver a Nicaragua por temor a la represión de los simpatizantes del gobierno Ortega-Murillo.
Mientras decide su próximo paso hacia el norte, Rebeca trabaja informalmente como cuidadora de una anciana. Este empleo le proporciona un refugio temporal y suficiente dinero para compartir un pequeño apartamento con Marianela, otra nicaragüense que regresó a El Salvador tras ser víctima de violencia sexual y estafas en México.
Claudia Ancheta, Coordinadora de Programa Salud y Movilidad Humana de Médicos del Mundo – El Salvador, subraya que la experiencia migratoria de las mujeres es extremadamente desafiante. Según Ancheta, la mayoría de las mujeres atendidas por la organización han enfrentado violencia durante su migración y sufren discriminación por su identidad de género y su condición de extranjeras.
Además, señala que estas mujeres frecuentemente enfrentan barreras significativas para asegurar medios de vida dignos, estando a menudo relegadas a empleos en el sector del cuidado, donde también experimentan discriminación que limita sus oportunidades. “A pesar de los esfuerzos en El Salvador por proporcionar servicios de salud gratuitos y universales, las mujeres migrantes a menudo evitan buscar atención médica en servicios públicos por miedo a ser denunciadas a las autoridades migratorias”, menciona.
Desafíos y realidades de las políticas migratorias para las migrantes
Celia Medrano, investigadora en temas de migración, ofrece una perspectiva crítica sobre las políticas migratorias en El Salvador, especialmente en cuanto a la protección y asistencia a mujeres migrantes. Medrano señala que, más allá de la retórica gubernamental, la implementación real muestra deficiencias relevantes en un enfoque basado en derechos humanos, resaltando la falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres migrantes que experimentan violencia en su tránsito.
Por ejemplo, en Honduras, Medrano ha observado casos de mujeres que, tras sufrir agresiones sexuales, reciben ofertas de servicios y la opción de presentar denuncias; sin embargo, muchas optan por no hacerlo al ser conscientes de que esto retrasaría significativamente su viaje y requeriría que se quedaran en el país esperando largos procesos burocráticos. Esta realidad resalta las limitaciones del sistema y la falta de apoyo efectivo en situaciones críticas.
En Costa Rica, el análisis de las políticas migratorias revela dificultades significativas que enfrentan los migrantes en cuanto a derechos básicos. Entre estas, destaca la exclusión de personas con estatus migratorio irregular del sistema de seguridad social, lo cual limita su acceso a beneficios esenciales como atención médica y pensiones.Existen limitaciones en el acceso a información en la página web de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). También hay problemas de trazabilidad e intercambio de información entre instituciones, así como una participación insuficiente del sector privado en la agenda migratoria. Todo esto compromete la efectividad de las políticas destinadas a mejorar las condiciones de los migrantes y facilitar su integración en la sociedad costarricense.
Estas realidades enfatizan la urgencia de implementar reformas políticas que prioricen el bienestar y los derechos de los migrantes, adoptando un enfoque más humano y efectivo que responda a sus necesidades específicas y fomente una integración digna y segura en los países centroamericanos.
En este contexto, las historias de Yorlenys, Laura y Rebeca no son solo testimonios individuales, sino un reflejo de la lucha colectiva de miles de mujeres centroamericanas que, enfrentando adversidades inimaginables, continúan buscando un lugar donde puedan vivir con dignidad y seguridad.
Son mujeres que representan la resiliencia y la determinación, mostrando que, a pesar de los obstáculos, su fuerza y coraje las guían hacia un futuro mejor. Mientras la lucha por políticas más justas y accesibles continúa, la comunidad internacional debe reconocer y responder a las necesidades urgentes de estas valientes mujeres migrantes, asegurando que sus derechos y bienestar sean prioritarios en la agenda global.
