“La primera vez que me paró un policía, yo tenía 14 años, iba con mi primo que en ese entonces tenía 13. Pararon la coaster en la que iba y dijeron “bájense todos los hombres”. Yo le dije a mi primo que nosotros no nos teníamos que bajar porque éramos niños. No fue hasta que un policía nos gritó que nos bajáramos, y yo solo pensaba: – ¿Qué crimen he cometido como para que me bajen del bus?” – recuerda Edu.
El eterno Régimen
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un Régimen de Excepción. Un mecanismo que suspende libertades ciudadanas como la libertad de expresión, la privacidad de comunicaciones, la circulación y la libre asociación. Además, ha suspendido garantías del derecho a la defensa, la protección de las comunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días. Esta medida que pretendía ser una estrategia temporal para enfrentar los altos índices de violencia que atraviesa el país centroamericano, se convirtió en una nueva cotidianidad salvadoreña que abrió la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos.
El Régimen de Excepción se erige como la expresión más extrema de modelos de seguridad salvadoreños que históricamente han operado mediante la perfilación racial y la criminalización sistemática tanto de cuerpos prietos y morenos como de territorios diferenciados.
La racialización se entiende como un proceso socio-histórico que construye y atribuye características a grupos humanos específicos, basándose en características raciales, étnicas y culturales. Mediante este proceso se atribuyen prejuicios, se establecen jerarquías y se institucionalizan sistemas de poder que legitiman el control de ciertos grupos sobre otros. En este sentido, es necesario comprender que la perfilación racial que se hace de una persona es una práctica sostenida por cuerpos policiales y militares en las que los rasgos físicos y el barrio de origen operan como criterios centrales para determinar quién es sospechoso.
Eduardo Rodezno, quien ahora tiene 24 años, es estudiante de filosofía y parte de la Comunidad Decolonial de El Salvador. Elle reflexiona que “Las detenciones arbitrarias, la perfilación racial y la persecución a nuestros cuerpos racializados no empezó con el Régimen de Excepción. Estas estrategias se han sostenido históricamente en los programas de seguridad de gobiernos salvadoreños”. Tal como aborda Gabriela Paz en el texto Las siempre sospechosas de todo, la criminalización de cuerpos y territorios específicos ha sido una estrategia que antecede el actual Régimen de Excepción persiguiendo como principal sujeto a personas jóvenes de barrios empobrecidos.
¿Cómo se ve una persona sospechosa?
Bajo esta estrategia de seguridad —que exige una cuota de cuerpos detenidos— ¿Qué hace que un cuerpo sea leído como sospechoso? La construcción de la persona perseguida actúa a través de la identificación de marcadores corporales específicos que construyen la figura del sospechoso: el color de piel, los rasgos faciales, la vestimenta, el barrio de procedencia y la edad.
“El recorrido que uno hace desde su casa hasta su destino de trabajo o estudio, por ejemplo, contiene mucha información. Yo todos los días paso por Apopa en el trayecto que hago desde mi casa en Ciudad Delgado hasta la Universidad, y tanto en Apopa como en el lugar donde vivo, siempre hay militares y polícias. Al llegar a la UCA y alrededores, me doy cuenta que las calles, las colonias y residenciales privadas no son patrulladas por policías, y yo me pregunto ¿Acaso en Antiguo Cuscatlán no viven criminales? ¿O para la Polícia no hay nadie que parezca «un potencial criminal»?” reflexiona Edu.
La observación de Edu pone en evidencia que la sospecha se territorializa. Para que esta lógica de control se mantenga y expanda, resulta indispensable la producción de discursos que la legitimen y justifiquen su permanencia. En este marco, el perfilamiento del sospechoso se intensifica y se traduce en lo que Human Rights Watch documenta como detenciones arbitrarias orientadas a cumplir cuotas diarias de arrestos.El Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción en El Salvador (2023) firmado por organizaciones como Azul Originario, AMATE y Cristosal, señala que los cercos militares se imponen de forma diferenciada en el territorio salvadoreño, concentrando el control y la represión en comunidades como como la Colonia Milagro de la Paz, San Miguel; Comunidad El Pino, Santa Tecla; Comunidad la Iberia, Colonia 22 de abril, Colonia Tutunichapa y Comunidad La Granjita, San Salvador; Colonia Santa Ana Norte, Santa Ana; comunidades y colonias del municipio de Soyapango; el municipio de Comasagua y Colonia Montelimar, Olocuilta.
“El cuerpo racializado masculino o leído como hombre, es el primer cuerpo vigilado en medio de estos contextos y lo podemos ver en las experiencias cotidianas de detención en El Salvador, pero también en contextos políticos de otras partes del mundo como Palestina.” comenta Edu. Con relación a esto, según el Informe del Estado de Excepción y Violaciones de Derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el primer semestre de 2024 se registraban el arresto de 4,246 hombres cisgénero, 743 mujeres cisgénero, 35 hombres trans, 29 mujeres trans, 5 personas no binarias y 58 personas con discapacidad.
Las vidas que no importan
Según el discurso oficialista, El Salvador registra más de 1,000 días sin homicidios en territorio salvadoreño. Sin embargo, Organizaciones de Derechos Humanos contabilizan desapariciones, muertes en cárceles, homicidios y feminicidios que permanecen invisibilizados en las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el informe Detenciones Arbitrarias en el Marco del Estado de Excepción en el Salvador, emitido por diversas Organizaciones de Derechos Humanos, para septiembre de 2024 se contabilizaban 82,000 detenciones de personas señaladas de pertenecer a pandillas, de las que al menos 5,931 son víctimas de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos y al menos 3,300 son niñxs y adolescentes. Además, 454 muertes en cárceles bajo custodia del Estado según Socorro Jurídico Humanitario y 24 feminicidios (no contabilizados en estadísticas estatales) reportados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en lo que va del 2025.
“Las detenciones arbitrarias nos demuestran que hay cuerpos situados en la que Frantz Fanon nombra la «zona del no ser». Los territorios conocidos como las “Zonas Rojas” se vuelven espacios de los que el Estado extrae vidas para seguir alimentando un discurso de seguridad pública a costa de esos cuerpos que para el sistema no valen nada.” Reflexiona Edu.
Es inevitable identificar que la desechabilidad de la persona racializada y pobre se extiende más allá de las políticas carcelarias: permea también las estrategias utilizadas por la narrativa oficial para ‘depurar’ espacios. El proyecto de ‘limpieza social’ sostenido por Bukele se ejecuta, ante todo, sobre cuerpos. Se materializa, por ejemplo, en las detenciones masivas basadas en perfilación, en las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles, en el desalojo violento de vendedores informales, en el despojo de los espacios donde las poblaciones barrializadas construyen su sobrevivencia cotidiana, en la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos como Ruth López, José Ángel Pérez, Alejandro Henriquez y Fidel Zavala, y otras estrategias de persecución a voces opositoras y arrebato a poblaciones vulnerabilizadas. El contexto actual pone en evidencia que las lógicas coloniales de exterminio no han desaparecido; por el contrario, demuestran su plena vigencia en el presente al identificar ciertos cuerpos —prietos, pobres, barrializados— como obstáculos a perseguir, criminalizar y eliminar.
En relación con estos abusos, Edu señala que: “A nuestras poblaciones se nos puede despojar de todo. Se nos arrebata la tierra, el trabajo, el espacio, la libertad y la vida, justamente porque nos encontramos debajo de esa línea del «no ser»”.
La esperanza está en la resistencia colectiva
Frente a este presente muchas veces puede parecer difícil imaginar otros mundos, pero Edu nos recuerda que la esperanza la encontramos en la colectividad y en volver a la raíz: “Cuando me bajaron de la coaster a mí y a mi primo, había señoras viéndonos preocupadas por lo que nos fuera a pasar. Creo que ahí hay una solidaridad muy profunda que no hay que dejar perder. Esa solidaridad de un grupo de personas desconocidas defendiendo y acuerpando al vendedor al que la Policía le quiere quitar su carrito de sorbete, o a la señora a la que le quieren quitar su puesto de pan y café. Hay que acercarnos de nuevo a nuestras comunidades y no dejar que se nos despoje de nuestros territorios de origen. Eso es a lo que deberíamos seguir apostando y a veces eso no se encuentra en un libro”.