Las historias de Luna y Athiany revelan cómo las decisiones políticas terminan instalándose en la vida cotidiana de quienes buscan rehacer su vida.
Por Colectiva Volcánicas y Miradas Moradas
Todo puede cambiar en cuestión de minutos: un pasaporte deja de existir, una elección redefine quién pertenece y quién no. Las decisiones de gobierno, tomadas en nombre de la nación, terminan instalándose en la vida íntima de quienes esperan un documento, una resolución o la posibilidad de volver a casa.
El miedo es una reacción humana pero también una herramienta de poder. Es la palabra más implícita en esta investigación y la que quizás condensa el mayor sentir de las personas de Centroamérica. El miedo paraliza al individuo, pero puede movilizar a colectivos. Se convirtió en lenguaje político, en argumento de campañas, en justificación para endurecer fronteras y negociar derechos. El miedo de una es casi siempre el miedo de todas.
Las recientes elecciones en Costa Rica evidencian un ejercicio democrático que, más allá de sus resultados, recuerda a la región centroamericana la importancia de seguir apostando por la institucionalidad y la participación ciudadana. Sin embargo, el continuismo consolidó una agenda que coloca la idea de “nación” por encima de los derechos de las personas, tensionando debates sobre migración, diversidad y garantías sociales.
En Estados Unidos, el regreso de un liderazgo abiertamente anti inmigrante y racista, reconfiguró la narrativa pública hacia las personas provenientes de países empobrecidos, endureciendo políticas y reforzando la criminalización de la migración como eje de gobernabilidad.
En ambos territorios los discursos antiderechos dejaron de ser marginales. Hoy ocupan espacios institucionales, se traducen en reformas, decretos, leyes y prácticas administrativas. Se alimentan del conservadurismo religioso, del nacionalismo punitivo y de una narrativa que presenta a las mujeres, las diversidades y las personas migrantes y las diversidades como amenazas.
En Nicaragua, desde 2018, la protesta social dio paso a un esquema sostenido de persecución estatal: detenciones arbitrarias, procesos sin garantías, denuncias de tortura, cancelación de organizaciones y cierre de medios y universidades. La disidencia se convirtió en riesgo, y el exilio pasó de ser una opción a una imposición para miles de personas. Aunque los contextos de Costa Rica y Estados Unidos son distintos, el patrón regional converge en un mismo punto: el miedo como herramienta de orden político, capaz de redefinir pertenencias, restringir derechos y condicionar el acceso a la protección internacional.
La incertidumbre democrática no es abstracta. Se traduce en trámites suspendidos, permisos que no se renuevan y fronteras que se endurecen. Se instala en la vida cotidiana y reorganiza los proyectos personales.
Conversamos con Luna, desde Florida, y con Athiany, desde Costa Rica: dos mujeres nicaragüenses que narran cómo las decisiones políticas de los países donde buscan rehacer su vida no solo determinan su estatus migratorio, sino que atraviesan su economía, sus vínculos y sus expectativas de futuro.
Su mamá había salido temprano al mercado. Quería hacer arroz aguado.
Era abril de 2023. Luna —nombre ficticio por seguridad— regresaba a Nicaragua después de un viaje corto a Estados Unidos. Había hecho el check-in el día anterior. Su vuelo salía por la mañana. Todo parecía rutinario. Su mamá sabía la hora aproximada de llegada y le había dicho que la esperaría con la comida que le había pedido.“Me iba a hacer arroz aguado”, recuerda.
En el mostrador del aeropuerto no había fila. Solo ella, su maleta de mano, una mochila y una maleta de carga con encargos de amistades. Su pareja la acompañaba. Nadie les pidió que se separaran.
La agente tomó su pasaporte. Tecleó. Se detuvo. Se inclinó hacia ella y preguntó: —¿Usted tiene inconvenientes en Nicaragua?
El cuerpo le respondió antes que la mente. El pulso acelerado. La garganta cerrándose. Minutos después, la funcionaria le leyó la notificación: Nicaragua no autorizaba su ingreso. Debía acudir al consulado más cercano.
“Sacame de aquí, sacame de aquí”, le dijo a su pareja. Fue él quien pronunció la palabra que ella todavía no podía decir. “La desterraron porque es activista”, explicó su pareja a la agente.
“Esa fue la primera vez que escuché la palabra ” destierro “, para mí”, cuenta Luna. No recuerda cuánto tiempo estuvo sentada en el aeropuerto llorando, procesando que su país, acababa de negarle la entrada, de negarle su vida.
En noviembre de 2024, el régimen nicaragüense aprobó la Ley 228, que faculta al Estado a “denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”. Con esta normativa, la negativa de entrada y el destierro dejaron de ser prácticas discrecionales para adquirir un marco legal que las respalda formalmente.
Sin embargo, la restricción migratoria no es nueva. Desde 2018 se registran impedimentos de ingreso y retenciones arbitrarias de pasaportes, una práctica que se agudizó en febrero de 2023 con la expulsión masiva de 222 personas excarceladas políticas hacia Estados Unidos. Según un informe de la organización Monitoreo Azul y Blanco, al menos 349 personas nicaragüenses han sufrido lo que denomina “represión migratoria”, de los cuales 290 corresponden a destierros de facto o prohibiciones de entrada contra ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses.
Pasaron cuatro meses para que Luna decidiera iniciar su proceso de asilo político en Florida; todavía tenía la esperanza de que pudiera revertir su situación. Durante ese tiempo, estuvo “en negación”. “Yo no me miraba quedándome aquí”, recuerda. Lo que más le dolía no era sólo la prohibición de ingreso, sino que “alguien decidiera por mí”.. “Cuando ya envié el asilo ( la solicitud) fue como… Se fue. Ya no hay vuelta atrás”, dice.
Quedarse en Estados Unidos le ofrecía una tranquilidad que en Nicaragua ya no existía. “Mi caso es legítimo, es real. Yo no pedí quedarme aquí”, repite. Pero aquí podía caminar sin pensar en una patrulla policial afuera, construir algo parecido a un hogar junto a su pareja. “Mi hogar ahora es este”, dice, refiriéndose al apartamento que comparten y al perro que la obliga a levantarse incluso en los días más duros.
Sin embargo, mientras intentaba resignificar su vida, el clima político en Estados Unidos comenzaba a cambiar. La campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, se llenó de discursos antiinmigrantes, promesas de deportaciones masivas y advertencias sobre quienes pedían asilo. En enero de 2025, tras las nuevas elecciones, el miedo volvió a instalarse en su rutina. “Cuando ganó (D. Trump), lo primero que pensé fue: la cagamos”, recuerda. Y con ese resultado, la sensación de estabilidad que empezaba a reconstruir volvió a tambalearse.
El mismo día de la toma de posesión, se firma una orden ejecutiva que prioriza la aplicación estricta de leyes migratorias, mayor coordinación con fuerzas locales, y endurece la revisión de casos de asilo. Marcando el inicio de un clima de mayor vigilancia e incertidumbre para las personas que tienen procesos abiertos.
La agenda migratoria volvió a ocupar el centro del debate público. Se reactivó la narrativa de “invasión”, se reforzó la idea de que el asilo es un abuso del sistema y se promovieron medidas para ampliar detenciones, restringir protecciones temporales y aumentar los controles administrativos.
Cada anuncio reactiva la angustia: “Es ese miedo constante, el no saber.” comenta Luna, que a la fecha de esta entrevista tiene su proceso de asilo pendiente. “Estoy en el aire”, resume. Desde enero hasta junio de 2025, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 807% en comparación con el mismo período de 2024, de acuerdo con datos de ICE y del Vera Institute of Justice
Su nueva rutina
Vivir en incertidumbre constante no solo altera el ánimo; también atraviesa el cuerpo. Luna lo describe como una carga física que la rebasa. “Siento que no lo he lidiado muy bien”, admite. Hay días en que la ansiedad se le instala en el pecho y otros en que el cansancio no se va, aunque duerma. Ahora, cada notificación migratoria le activa el mismo reflejo. “Es como revivir los miedos”, explica. La espera prolongada, la posibilidad de una negativa, el temor por su mamá, todo se acumula. El estrés no se queda en la cabeza: le afecta el sueño, el apetito, la energía.
Luna se despierta temprano, saca a su perro, prepara café y empieza una doble jornada que combina limpieza de casas, con cuido de una niña y su trabajo como comunicadora desde la virtualidad . Los costos de Florida no permiten sostenerse con un solo trabajo. “He llegado a tener tres trabajos al mismo tiempo“ comenta Luna.
Unos 1.4 millones de casos de asilo están pendientes en las cortes de inmigración de Estados Unidos, según datos recientes del Departamento de Justicia. El retraso representa un récord histórico de solicitudes sin resolver y deja a miles de personas en una espera que puede extenderse por años. “Como siento tanta incertidumbre, para mí pensar en un futuro me cuesta mucho, quisiera comprar una casa, un apartamento para no seguir alquilando, pero siento que pensar en eso a futuro lo veo lejano, lo veo incierto,no te quieres ilusionar”, dice. La demora convierte cualquier proyecto en provisional. “A veces quisiera que me dijeran de una vez que no, ya, para saber qué hacer”, confiesa. La espera, más que el resultado, es lo que desgasta: una vida que avanza sin poder decidir del todo hacia dónde.
El pasaporte de Luna venció y, cuando intentó renovarlo a través de familiares en Nicaragua, la respuesta fue negativa. “le dijeron que no me lo podían dar y tenían una orden de detención en mi contra”, cuenta. La notificación no llegó por una resolución judicial pública, sino por un trámite administrativo que quedó bloqueado. Sin pasaporte vigente y sin cédula renovada, quedó suspendida en un limbo documental.
La amenaza no termina ahí. Con la legislación que permite retirar la nacionalidad a quienes el Estado considera “traidores”, teme convertirse en apátrida. “Si me dicen que me quitaron la nacionalidad, ¿de dónde soy?”, se pregunta. Según un informe de la organización Monitoreo Azul y Blanco, la “represión migratoria” contra al menos medio centenar de nicaragüenses incluye precisamente la negativa a renovar pasaportes o permitir la salida del país, una práctica que convierte el derecho a la identidad en un instrumento de castigo político.
Luna recuerda que el hogar no es un territorio fijo, sino algo que se construye. “El hogar se hace”, dice. Y ahora el suyo está aquí: junto a su pareja y su perro. El pasaporte vencido y su trámite pendiente de asilo le recuerdan que nada es definitivo “Estoy sobreviviendo”, admite. Y en esa supervivencia cotidiana trabajar, cocinar, llamar a su mamá tres veces al día— sostiene una vida que no eligió, pero que insiste en seguir construyendo.
Por ahora el sueño en pausa de Luna, es poder ver a su mamá, sentarse frente a ella para degustar el arroz aguado que se ha postergado por casi tres años.
Antes de cruzar la frontera hacia Costa Rica, Athiany ya había ensayado la despedida muchas veces en su cabeza, llevando consigo más que una mochila, sus documentos y una certeza: “No me fui porque quería. Me fui porque sabía que me podían ir a buscar”, expresa.
Para Athiany, mujer trans, transfeminista, ese contexto no era una estadística sino una advertencia concreta. “Era una cacería de brujas. Y yo sabía que estaba en la lista de las incómodas” asegura. Aún recuerda el sonido de las sirenas cortando la noche en las calles de su recordada Managua, los mensajes borrados del teléfono antes de dormir y la sensación persistente de estar demasiado expuesta.
Cruzar a Costa Rica significó escapar de la asfixia inmediata, pero también apostar su vida a una promesa instalada desde hace décadas en el imaginario regional: la de la “Pura Vida”, el país vecino sin ejército, reconocido globalmente como una de las democracias más estables de la región y visto históricamente como segunda oportunidad frente a las dictaduras y crisis en Nicaragua. Para generaciones enteras, migrar a Costa Rica no ha sido solo desplazarse, sino buscar resguardo y para Athiany, esa decisión significaba la posibilidad de transitar de un Estado que persigue a uno que protege.
Tras exiliarse en Costa Rica en marzo de 2019, sus primeros años no fueron una llegada tranquila, sino “una estabilidad sinuosa” asegura, donde aprendió a sobrevivir moviéndose dentro de lo posible con su carné de solicitante de refugio, un documento que le permite trabajar, alquilar un cuarto, empezar de nuevo.
En ese tránsito, Athiany afinó otra habilidad: leer el clima político en lo cotidiano. Lo escucha en el bus cuando alguien habla de “cerrar fronteras”, lo ve en redes cuando culpan a la población migrante de saturar la salud pública, lo percibe cuando circulan rumores sobre cambios en decretos migratorios. “Una escucha todo. Y sabe cuándo el ambiente empieza a ponerse pesado”. Para una mujer trans exiliada, esa atención no es paranoia; es supervivencia. Aun así, entre trabajos y papeles, insiste en tejer redes con otras migrantes y colectivas LGBTIQA+, reconstruyendo su vida en un país que le dio margen, aunque no certezas.
Las elecciones de febrero de 2026 marcaron un punto de inflexión en el país que Athiany había aprendido a llamar refugio. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la participación aumentó y el abstencionismo cayó al 30,07%, una cifra que representa una recuperación frente al histórico 40% registrado en 2022. La candidata oficialista Laura Fernández obtuvo el 48,51% de los votos en primera vuelta, alcanzando 31 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, lo que le otorga una mayoría absoluta inédita desde 1982 y el “control total de la agenda legislativa”. Para muchos sectores, aquello representaba gobernabilidad; para Athiany, fue la confirmación de una amenaza institucional: “Cuando vi los números, pensé: ahora sí tienen todo para hacer lo que quieran”.
Ese control institucional no es abstracto. Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos, como la Colectiva por el Derecho a Decidir, la Asociación Acceder, han advertido que los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en “moneda de cambio” política en la disputa por el apoyo de sectores conservadores.
El avance de discursos y acciones antiderechos en Costa Rica está sucediendo y para Athiany “cuando dicen que lo nuestro es ideología, dicen que nuestra vida es negociable” expresa. Este fenómeno, según observadores internacionales y analistas locales, refleja un patrón regional de mayorías fuertes que cuestionan los marcos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la criminalización simbólica de la migración ha generado incertidumbre en Costa Rica, aún principal destino de quienes huyen de la represión en Nicaragua desde 2018. Mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte que la fortaleza democrática depende del respeto al disenso y la autonomía institucional, Athiany, quien aún se encuentra como solicitante de refugio desde hace siete años, siente que su carné ya no es garantía ante posibles endurecimientos migratorios. “Yo no vine para volver a estar en la lista de las incómodas”, enfatiza, dejando abierta una pregunta: ¿qué pasa cuando el país que protegía empieza a redefinir quién merece protección?
“No me exilié para volver a quedarme callada”, afirma la activista. Para Athiany, la fiesta democrática electoral del 1 de febrero de 2026 demuestra que no todo está perdido, aunque sabe que la democracia no es un relato inmóvil: es una práctica que se defiende todos los días. Su esperanza —la llama “utópica”, pero la sostiene con firmeza— es que el poder político mire la realidad de las mujeres en todas sus dimensiones: migrantes, obreras, cuidadoras, diversas. Que el discurso de derechos humanos sea concreto y no combativo. “El país no es un pedazo de tierra, es la ciudadanía”, insiste, recordando que la institucionalidad se sostiene en quienes trabajan, cotizan y proyectan su futuro dentro de ella.
Mientras tanto, la resistencia de Athiany se expresa en su cotidianidad, en levantarse temprano, trabajar, pagar su seguro y sostener la independencia que ha construido. Es la moto que compró con años de esfuerzo, su perrita esperándola al final del día y la expectativa de que pronto llegue, por fin, la resolución que la reconozca formalmente como refugiada tras siete años de espera.
“Sigue siendo un sueño que haya cada vez menos discursos de odio”, dice. Reconoce que ha visto cambios, que no todo el mundo piensa igual y que eso le da esperanza. Pero advierte el peligro de que se consoliden gobiernos que transformen esas narrativas en decisiones concretas, erosionando no solo los derechos de las personas migrantes, sino derechos fundamentales que sostienen la vida democrática. Porque la democracia, al final, también se defiende desde lo cotidiano.
En Nicaragua, Estados Unidos y Costa Rica, las decisiones públicas han transformado la vida de mujeres centroamericanas obligadas a moverse entre el asilo y el destierro. Pero también han dejado al descubierto algo más profundo: su capacidad de reorganizarse, de sostener redes y de volver a construir hogar, con sus parejas, con sus amistades, incluso con sus perritos, en medio de la incertidumbre. El limbo migratorio no ha conseguido borrar sus proyectos de vida. Y mientras esa persistencia exista, la democracia seguirá siendo una tarea en disputa, inacabada y colectiva.
Revista Miradas Moradas y la Colectiva Feminista Volcánicas forman parte de la Red de Periodistas Feministas de Centroamérica. Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Festival Zarelia, Fundación El Churo, Wambra, con el apoyo del proyecto Poder Elegir de Oxfam en Latinoamérica y Asuntos Mundiales Canadá.
- Zarelia: www.festivalzarelia.com
- Wambra: www.wambra.ec
- Poder Elegir: https://www.poderelegir.org/
- Churo: https://elchuro.org/