Por Gabriela Paz
Durante cuatro años, el régimen de excepción ha sido presentado como la gran obra del gobierno salvadoreño: la fórmula mágica que devolvió la tranquilidad a las calles, el relato que se repite en conferencias, cadenas nacionales y videos pulidos para redes sociales. Su principal vocero: el presidente elegido inconstitucionalmente Nayib Bukele. Pero mientras la narrativa oficial se afianza y válida un constructo social deshumanizante sobre aquellos que identifica como crimínales, otra historia —más silenciosa, incómoda y humana— se abre paso desde las organizaciones que han decidido documentar lo que el Estado intenta mantener fuera de cuadro y del escrutinio público.
No es una tarea sencilla. Implica escuchar a familias que buscan a sus hijos entre listas interminables, revisar expedientes que nunca llegan a tribunales, y reconstruir patrones que el poder niega con la misma fuerza con la que los reproduce. Implica, sobre todo, nombrar lo que está pasando, aunque duela, incomode e indigne, aunque el gobierno responda con estigmatización, aunque algunas defensoras puedan ellas mismas ser víctimas del régimen, y organizaciones sociales han enfrentado la criminalización, cierre o el exilio.
Por eso el informe El Salvador en la encrucijada. Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública (20026) del Grupo de Expertos Independientes (GIPES), acompañado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), no aparece de la nada. Es el resultado de años de alertas, de monitoreo, de insistir en que la democracia no se derrumba de un día para otro, sino a través de pequeñas fracturas que se vuelven grietas, hilvanado en la concentración de poderes, la captura del estado y su institucionalidad pública.
“Vimos como la democracia iba en retroceso, como un presidente estaba controlando los otros poderes del Estado”, recuerda Leonor Arteaga, directora del programa de lucha contra la impunidad de DPLF. Desde Washington, donde la organización tiene su sede, han seguido de cerca la deriva autoritaria del país que los vio nacer como institución.
Cuando el gobierno anunció el régimen de excepción en 2022, lo presentó como la única vía para enfrentar a las pandillas, pero pronto quedó claro que la medida no era temporal ni excepcional. “Un estado de excepción no está diseñado para enfrentar la criminalidad… y no se justifica que ahora tenga ya una vigencia de cuatro años”, explica Arteaga. Lo que siguió fue una maquinaria de detenciones masivas bajo perfiles territoriales y clasistas, denuncias anónimas convertidas en sentencia, y un sistema judicial reducido a trámite administrativo.
Organizaciones salvadoreñas como CRISTOSAL, SSPAS, IDHUCA ya venían denunciando torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Pero faltaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿Podrían estos hechos constituir crímenes de lesa humanidad?
Para responderla, el GIPES revisó testimonios, informes, entrevistas presenciales y virtuales, y las declaraciones oficiales que hoy se publican más en redes sociales que en portales institucionales. “Todos estos hechos están conectados porque hay una directriz… un control que viene desde la cabeza del Estado hacia abajo”, señala Arteaga. No se trata de excesos aislados, sino de un patrón.
En El Salvador, las víctimas del régimen de excepción no son cifras abstractas ni sombras anónimas. Tienen nombre, barrio, familia, deudas, trabajos interrumpidos, son cuerpos marcados por el encierro y la espera. Son madres que recorren hospitales, morgues y tribunales sin respuestas; hermanas que sostienen la vida cotidiana mientras buscan a los suyos; comunidades enteras que aprendieron a vivir con el miedo como política pública. El régimen no solo capturó personas: capturó rutinas, economías familiares, redes de apoyo, y la posibilidad misma de confiar en el Estado. Lo que el informe devela —los patrones de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y persecución de voces críticas— no son excepciones ni errores administrativos. Son el mapa de una política que ha convertido la pobreza, la juventud y la disidencia en sospecha permanente.
El informe reconoce dos ataques por parte del estado, que pueden identificarse en patrones de represión dirigida: contra personas percibidas como pandilleras, muchas de ellas jóvenes pobres, capturadas por vivir en su barrio, su cuerpo o su ropa, y contra voces críticas; periodistas, defensores, organizaciones y comunidades que el gobierno ha convertido en enemigas.
Ese doble filo del régimen —castigo y silenciamiento— es lo que permite hablar de crímenes de lesa humanidad. Y es también lo que explica por qué el informe ha tenido eco internacional. “Cada vez más hay voces internacionales muy reconocidas que ya están cuestionando la política de seguridad y cómo esta está trayéndose abajo la democracia”, afirma Arteaga.
Pero el informe no se queda en la denuncia. Propone rutas concretas para la acción: una comisión con apoyo internacional para revisar los más de 90,000 casos, priorizar a personas con enfermedades crónicas o sin evidencia sólida, y reconstruir un mínimo de debido proceso. “No es liberar por liberar a cientos de pandilleros… es aplicar los estándares mínimos”, insiste Arteaga.
El desafío, sin embargo, es enorme. El gobierno ha cerrado filas alrededor de su narrativa y ha intensificado la persecución contra quienes critican. “El camino no es fácil… el gobierno está cada vez persiguiendo y atacando a quienes tienen un punto de vista diferente”, reconoce Arteaga. Por eso la presión internacional y la articulación regional son claves.
Aun así, las organizaciones siguen. Continua porque alguien tiene que hacerlo. Porque cada testimonio recogido es una forma de resistencia, cada patrón identificado es una grieta en el silencio y la validación pública y cada informe publicado es una apuesta por la memoria y por la posibilidad —todavía remota, pero viva— de justicia.
“El informe habla por sí mismo… vamos a mantenernos en una conversación de altura porque se lo debemos al país, a la víctima, a la gente”, concluye Arteaga. Y en un país donde el miedo y el control contra voces disidentes se ha vuelto política pública, hablar con altura también es una forma de resistencia.
