2025 en El Salvador: ¿Puede la esperanza sobrevivir al miedo?

Por zaid

El 2025 dejó pocas razones para la esperanza democrática en El Salvador. Múltiples reformas constitucionales, la prolongación indefinida de un régimen de excepción que suspende garantías fundamentales, la persecución de voces opositoras, la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, el desmantelamiento de instituciones y otras estrategias de concentración de poder configuraron un periodo con retrocesos democráticos profundos para el país en un contexto mundial que agudiza la pérdida del modelo democrático y enquista nuevamente costumbres de poder fascistas y autoritarias. 

Reformas constitucionales

Las modificaciones a artículos de la Constitución que nos dejó el 2025 no fueron menores, la mayoría de estas reformas se dieron sin diálogo ni debate, tratando asuntos urgentes —como mecanismos para poder modificar la constitución en un solo período— bajo procesos acelerados.

Con una Asamblea Lesgislativa que actúa absolutamente alineada con el discurso oficialista y para comenzar el año, el 29 de enero se ratificó una reforma que permite la modificación de la constitución con 31 votos a favor —y su reafirmación legal en el mismo período—. 

Entre las reformas más preocupantes, en julio la Asamblea Legislativa oficialista aprobó con 57 votos a favor y 3 en contra una modificación constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el período presidencial de cinco a seis años y unifica las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para 2027. Esta reforma constituye una estrategia más de Bukele para acelerar procesos, consolidar la centralización del poder y reforzar el escenario de partido hegemónico.

Otras reformas incluyeron la derogación del artículo 210, que reconocía la deuda política como financiamiento para partidos, por lo que se eliminó el financiamiento estatal para campañas y obliga a los partidos al autofinanciamiento, lo que implicaría debilidad en la oportunidad del surgimiento y reconocimiento de nuevas fuerzas opositoras,  promoviendo la consolidación del partido oficialista y finalmente, una reforma al artículo 172 que suspende la asignación mínima de ingresos del presupuesto del Estado para el Órgano Judicial, pasando a una asignación “según las necesidades razonables que dicha institución presente”.

Yessica Solís, asesinada por un militar en pleno Centro Histórico

El 6 de noviembre, Yessica Solís, una mujer de 42 años, fue asesinada frente al Palacio Nacional en el Centro Histórico de San Salvador. Un soldado de la Fuerza Armada llamado Derman Fernando Jorge Benítez es acusado de dispararle, causándole la muerte. Actualmente, se encuentra procesado por homicidio culposo. 

El caso preocupó a la población por diversas razones. Entre ellas, el acusado es miembro de la Fuerza Armada (FAES) y según el discurso oficialista, esta es una institución que brinda seguridad a la población, sin embargo, es la misma institución que asesinó a Yessica, persigue y desaparece cuerpos racializados y pobres y agrede sexualmente a mujeres. Además, la noticia no se hizo oficial hasta la noche de ese día y tras ser catalogado como “un accidente” no fue registrado como homicidio, lo que deja de nuevo en evidencia que para las estadísticas oficiales hay cuerpos que importan menos que otros.

Poco después de lo sucedido, la alcaldía lavó la sangre de la víctima en la zona e intentó tapar el impacto de bala en la pared. A lo largo del día, personas, medios de comunicación y organizaciones feministas se acercaron al lugar donde Yessica fue asesinada, dejando flores, carteles y mensajes en solidaridad con la víctima.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el 2025 se cerró con más de 1,100 días sin homicidios en territorio salvadoreño, colocando a El Salvador como “el país más seguro del hemisferio occidental”. Sin embargo, según datos el Observatorio de violencia contra las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), para el 30 de noviembre se contabilizaban 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres.

Ley de Agentes Extranjeros pone en riesgo trabajo de ONGs

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó con una amplia mayoría de 57 votos a favor la denominada Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que establece obligaciones significativas para quienes reciben financiamiento internacional en el país. Esta legislación crea el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una instancia administrativa en la cual deberán inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, así como las organizaciones que reciban recursos provenientes del exterior.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta nueva ley es la imposición de una carga tributaria del 30% sobre todas las donaciones y recursos financieros que personas y organizaciones reciban de fuentes extranjeras. Esto representa una medida sin precedentes que ha comenzado a impactar significativamente la sostenibilidad de numerosas iniciativas que dependen de la cooperación internacional.

Diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado públicamente que la aprobación de esta ley representa una amenaza directa para la continuidad del trabajo que múltiples organizaciones de la sociedad civil sostienen. A causa de estos cambios, organizaciones e instituciones como Cristosal, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se vieron obligados a suspender operaciones.

Ministerio de Educación encabezado por una capitana de la Fuerza Armada

El 14 de agosto, Nayib Bukele juramentó a Karla Edith Trigueros, una capitana y médica de la Fuerza Armada, como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología. Sus primeras designaciones se enfocaron en la vigilancia en los portones de los centros educativos de factores como uniformes pulcros, cortes de cabello “adecuados”, y presentación “correcta”.

Con la designación de la capitana Karla Trigueros al frente del Ministerio de Educación, se facilita la incorporación de personal militar en un organismo esencialmente civil, se pone en riesgo la autonomía pedagógica y la gestión democrática del sistema educativo, y además, se continúa reforzando la narrativa y el escenario de un país cada vez más militarizado. 

Despidos masivos de personal en Hospital Rosales

Un día antes de Navidad, sindicatos de salud manifestaron que durante esos días al menos 2 mil personas trabajadoras del sector salud (entre médicxs, psicólogxs, enfermerxs, administrativxs y trabajadorxs sociales) fueron despedidos y despedidas de cinco hospitales: Hospital Zacamil, Hospital El Salvador, Hospital San Juan de Dios (San Miguel), Hospital Psiquiátrico y el caso más reciente, el Hospital Rosales durante el 23 de diciembre, que sumó 1,800 trabajadores despedidxs.

Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) se contabilizaron casi 8,000 personas trabajadoras despedidas del sector salud, contando el Ministerio de Salud y el Seguro Social Salvadoreño, de los cuales la mayoría de estos despidos pertenecían al sector público.

Mientras Bukele vende estos cambios como estrategias para la optimización de recursos, el sector Salud enfrentará para el 2026 más precariedad y fragilidad no solo en recursos sino en profesionales de la salud.

José Ángel Pérez y Alejandro Enríquez logran su libertad

Tras haber sido detenidos el 12 de mayo en una manifestación pacífica liderada por miembrxs de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque, el pastor José Ángel Pérez y el abogado Alejandro Antonio Enríquez, enfrentaron 7 meses de detención arbitraria, recuperando finalmente su libertad el 17 de diciembre.

Según informó su abogado defensor, Oswaldo Feusier, la liberación se produjo después de que Alejandro y José Ángel aceptaran los hechos contenidos en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía. El tribunal les impuso una condena de tres años de prisión, pero sustituyó la pena privativa de libertad por reglas de conducta. La defensa explicó que la decisión de optar por el proceso abreviado fue una estrategia para lograr la liberación de sus representados ante un escenario marcado por la falta de garantías constitucionales y la ausencia de debido proceso.

Tras ser liberado, Alejandro aseguró que pese a tener que cumplir con las medidas del proceso, continuará realizando su labor de defensa de derechos humanos y acompañamiento a comunidades que siguen sufriendo el despojo del agua y de sus tierras. Alejandro agregó: “Esto no implica que mis ideales y mi convicción han cambiado”.

¿Dónde encontrar la ilusión este 2026?

Aunque iniciamos 2026 con cambios estructurales que parecen carecer de rumbo esperanzador, es vital continuar articulando potencias compartidas y rebeldías nacidas desde nuestros campos de batalla. Que este año nos encuentre celebrando victorias concretas: la segunda absolución de los cinco líderes de Santa Marta, la libertad de José Ángel y Alejandro, las manifestaciones que con valentía persisten en las calles, el periodismo que resiste incluso desde el exilio, y las luchas cotidianas en nuestros espacios y proyectos políticos.

No podemos permitirnos el silencio. Debemos seguir exigiendo libertad para Ruth López, visibilizar las muertes que las estadísticas oficiales niegan, mantener la mirada sobre territorios en disputa como El Espino y denunciar la tortura sistemática de inocentes en las cárceles.

Fuentes: